A casi seis meses de que el pleno del Senado decidiera presentar una denuncia penal contra el fiscal Lorenzo Lezcano por una serie de irregularidades, el caso no tiene siquiera asignado un responsable de la investigación y duerme en poder de la titular del Ministerio Público –y jefa del denunciado–, Sandra Quiñónez Astigarraga.
Así lo revelan documentos y fuentes del Senado a las que tuvo acceso ABC Color.
Denuncia contra Lezcano, sin movimientos en Fiscalía
El 6 de octubre último, el pleno del Senado aprobó –con la férrea oposición del cartismo– la presentación de una denuncia penal contra el fiscal Lorenzo Lezcano por la supuesta comisión de hechos punibles de frustración a la persecución penal en el “caso Marset”.
La denuncia fue presentada por los abogados del Senado ya al día siguiente de la citada fecha. Desde entonces, el caso quedó en la Dirección de Gabinete Fiscal, que depende directamente de Quiñónez, a la espera de que la fiscala general designe un responsable del caso.
El pasado 22 de diciembre, el director jurídico del Senado, Miguel Brítez, entregó un informe al presidente del Congreso, Oscar “Cachito” Salomón, en el que reveló la total ausencia de movimiento de la causa.
“El funcionario Alejandro Miranda, asesor jurídico, se constituyó a la Fiscalía General del Estado y fuimos informados que a la fecha la denuncia se encuentra en la Dirección de Gabinete Fiscal, y no ha sido aún asignada a Unidad alguna para la investigación pertinente”, señala el informe.
Graves irregularidades contra Lorenzo Lezcano
La denuncia fue planteada por la senadora Desirée Masi (PDP), quien presentó la propuesta de declaración en seis ocasiones antes de que sea aprobada por el pleno de la Cámara Alta.
Inicialmente, Masi había solicitado que la denuncia incluya también a la fiscal general Sandra Quiñónez.
Según Masi, con relación a Quiñónez y Lezcano, pedía la presentación de una denuncia penal por presuntos hechos punibles, como frustración de la persecución penal y ejecución penal con agravantes e inducción a un subordinado a un hecho punible. Habla de una supuesta actuación dolosa en la causa que investigaba una estructura presumiblemente criminal, integrada por el uruguayo Sebastián Marset (prófugo).
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En el escrito de la legisladora se relata que Lorenzo Lezcano –exministro del Interior y titular de Inteligencia durante el gobierno del “significativamente corrupto”, según EE.UU., Horacio Cartes– accedió, en mayo del año pasado, a informes del Comando Tripartito en los cuales se alertaba sobre el esquema creado por Marset.
Sin embargo, pese a datos concretos, no hubo avances investigativos, que de haber existido, habrían ayudado a evitar la fuga del uruguayo, principal objetivo en marco de la megaoperación “A Ultranza Py”, como también tal vez se hubiese impedido los asesinatos de Mauricio Schuartzman (ocurrido el 12 de setiembre de 2021) y del fiscal Marcelo Pecci (10 de mayo de 2022, en Colombia).
A esto se suma el atentado que sufrió el 25 de abril de 2022 uno de los efectivos policiales que investigó el esquema Marset y precisamente entregó las alertas al fiscal Lezcano.