El proyecto que insta a la Justicia Electoral, a realizar prácticas ciudadanas con las máquinas de votación, ya con la incorporación de las fotografías de los candidatos, con miras a las elecciones generales del próximo abril, fue enviado al archivo, pues varios parlamentarios indicaron que podría ser mal aplicado por algunos candidatos y principalmente porque no confían en que los funcionarios de la Justicia Electoral, varios de ellos activos políticos, sean imparciales durante las capacitaciones y beneficie a algún sector partidario.
Lea más: Vídeo: cómo usar la urna electrónica
“Para cambiar el modelo debemos hablar de la ética política, de la concepción moral del Estado y del bien común. Esto no puede ser algo individual de un senador o un diputado se debe hacer un consenso entre todos los actores políticos”, dijo la diputada Kattya González (PEN).
Indicó además que, lastimosamente, el modelo prebendario de los partidos tradicionales, que por años manipularon a la Justicia Electoral, podría sacar proyecto de este proyecto.
“Esto se puede usar como una inducción del voto, el uso propagandístico de material que debe ser ciudadano y neutro. La Justicia Electoral no debe estar al servicio de ningún político, pero debido al uso prebendario que ha amasado por año, los partidos tradicionales puede servirse de esto”, dijo la candidata a senadora.
Lea más: Así puede practicar para votar sin confusiones el 30 de abril
Por otro lado, el diputado de Edgar Acosta (PLRA), indicó que antes de cambiar el sistema de capacitación se debe instar a todas las instituciones como Seprelad, TSJE, Tributación, Contraloría y Ministerio Público a verificar el financiamiento político.
“No atacamos el financiamiento, pero si el sistema, el voto preferencial. Estamos ignorando que el 80 por ciento del dinero que corrió el 18 de diciembre fue irregular o ilegal”, dijo el diputado liberal.
Comisión Permanente aprobó diversos pedidos de informes
La Comisión Permanente, presidida por el diputado Ángel Paniagua (ANR) aprobó ayer 17 proyectos de resolución de pedidos de informes a diferentes instituciones del Poder Ejecutivo y municipales. Estos documentos tienen como destino el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa); Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco); Ministerio de Hacienda.
También se pidió informes a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar); y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
En tanto que, la diputada Norma Camacho (PEN) fue la proyectista de los pedidos de informes a la Municipalidad de Villa Elisa; Municipalidad de San Lorenzo; Municipalidad de San Antonio; Municipalidad de Ñemby; Municipalidad de Mariano Roque Alonso; Municipalidad de Luque; Municipalidad de Capiatá; Municipalidad de Lambaré; y Municipalidad de Asunción.
El tema central es la prevención en materia de incendios en lo municipios; en el caso de la Conajzar, el documento apunta a la licitación de apuestas deportivas; mientras que en lo que respecta a la Senabico, se trata de la administración de bienes incautado