Camila Monserrat Ramírez Gómez es el nombre de la joven que con apenas 18 años “compró” por G. 100 millones los dos inmuebles donde está asentada la imponente casa en la cual viven Wilfrido Adrián Cáceres Flores y su esposa Ruth Jazmín Da Silva Almirón. Esto según declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) el principal asesor y exjefe de gabinete del intendente asunceno, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez.
Lo sorpresivo es que Camila Ramírez resultó ser pasante y secretaria de la clínica odontológica de Da Silva.
¿Un milagro?
Cáceres Flores relató en su descargo al ente de control que los dos terrenos ubicados en el barrio Lote Guasu de San Lorenzo habían sido vendidos por G. 100 millones, por su esposa Ruth Da Silva a través de un contrato privado, firmado el 13 de agosto de 2020. Esta transacción se hizo “debido a necesidades económicas de índole familiar”, según el asesor de Nenecho.
Lo llamativo es que dice que se realizó esta venta apenas un mes después de comprar también por G. 100 millones los terrenos, el 9 de julio de 2020. Y sin que existiera construcción alguna dentro de los inmuebles, atendiendo que las obras empezaron entre setiembre y octubre de ese mismo año en plena pandemia, de acuerdo a mapas satelitales recolectados por la CGR.
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Otro punto curioso es que Camila Ramírez aparece como la compradora de los inmuebles dos meses después de cumplir 18 años. A esto se suma que días antes, el 6 de agosto de 2020, de la millonaria transacción el padre de Camila, Justo Pastor Ramírez (+), era entrevistado por el senador Gilberto “Tony” Apuril (Hagamos) por su trabajo emprendedor de venta de comidas frente a su casa porque fue uno de los miles de compatriotas afectados económicamente por la pandemia del covid-19.
Un año después
El asesor de Nenecho dijo que la documentación ante la Dirección General de los Registros Públicos se concretó recién el 13 de setiembre de 2021, debido a que “los trámites catastrales se hallaban con bastante retraso y suspensiones de plazo debido a la pandemia del covid-19″ (sic).
Para entonces, Camila Ramírez tenía 19 años y cursaba la carrera de odontología en una universidad privada. También estaba como una de las elegibles para obtener la beca de la Itaipú Binacional.
Al estudiar esa profesión comenzó a trabajar en la clínica odontológica montada por Da Silva en San Lorenzo.
Mucha familiaridad
La familiaridad entre Camila Ramírez y Da Silva no comenzó con el estudio de la misma profesión o el “increíble negocio inmobiliario” sino venía de años antes, incluso son vecinas. Así lo evidencian las publicaciones en redes sociales de ambas.
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Ruth Da Silva, incluso, le regaló la torta por su cumpleaños número de 18 a Camila Ramírez. Esta última, por su lado, es habitué de acontecimientos de la familia Cáceres-Da Silva.
Otro punto muy llamativo es que Ruth Da Silva a través de un posteo trata como un padre a Justo Ramírez (papá de Camila). Esto cuando se produce su fallecimiento el 14 de julio de 2021.
Denuncia cajoneada hace un año
La Contraloría General de la República (CGR) presentó el 15 de julio del año pasado ante el Ministerio Público una denuncia penal contra Wilfrido Adrián Cáceres Flores. Esto, luego de que el ente de control determinara mediante un examen de correspondencia que el asesor de Nenecho tendría una fortuna injustificable.
Cáceres Flores, que funge de productor musical, ingresó a la comuna de la mano de Rodríguez cuando asumió como concejal. Algunos funcionarios, incluso, lo consideran el “intendente de facto”.
Según la Contraloría, Cáceres Flores ni su esposa Ruth Da Silva pudieron justificar con su salario la construcción de manera meteórica la imponente vivienda en San Lorenzo. La residencia con entrada y salida a dos calles completamente diferentes cuenta con piscina, quincho equipado y otro lujos.
Cáceres era jefe de Gabinete de la comuna cuando saltaron indicios de sobrefacturaciones, insumos fantasmas y contrataciones millonarias en plena pandemia del covid-19. Las compras por más de G. 16.600 millones se realizaron a través del famoso rubro 800 “de transferencias” para evadir controles de Contrataciones Públicas. Se compraron saturómetros a G. 885.000 cada uno y detergentes franceses a G. 390.000. Esta última adquisición fue conocida por el mote de “detergentes de oro”.