En el año 2018 -siendo el accionista mayoritario el presidente (con permiso) de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes- la empresa Tebicuary Campos & Hacienda SA modificó sus estatutos agregando el objeto de: “dar (con fondos propios) y tomar dinero en préstamo, con o sin garantía, y realizar toda operación de esta índole por las disposiciones legales que rigen la materia”. Es decir, la compañía incursionaba en el negocio de los créditos.
Y efectivamente, la compañía tomó enserio ese rubro realizando aparentemente préstamos dentro del grupo económico y terceras personas, atendiendo que al cierre del ejercicio 2021 declaró como información patrimonial ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que tenía en la cuenta del activo créditos por G. 6.303.382.510. Una cifra muy por encima de lo que manifestó a finales del año 2016 consistente en G. 439.474.030.
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Sin embargo, pese a la modificación de sus estatutos y al millonario incremento, Tebicuary Campos & Hacienda SA no está registrada bajo dicha actividad ante Tributación como tampoco figura en el registro de otorgantes de dinero/casas de crédito del Banco Central del Paraguay (BCP). En este último listado solo aparece la casa de créditos Ahoraité SA, otra firma del clan Fretes, y en la cual el ministro del Poder Judicial también fue accionista junto a su hijo Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano y Lourdes Beatriz González Gómez.
Tebicuary Campos & Hacienda no aparece ni en Seprelad
Tebicuary Campos & Hacienda SA, además de tener como rubro los préstamos, declaró al fisco que se dedica al arrendamiento de inmueble/actividad inmobiliaria. Sin embargo, la empresa tampoco está registrada como tal ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) a pesar de ser un sector sujeto a las obligaciones establecidas en las leyes ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo), específicamente la Ley Nº 3783/09 modificatoria de la Ley Nº 1015/97.
Tebicuary Campos & Hacienda SA igualmente figura con una decena de inmuebles bajo su nombre en el sistema del Servicio Nacional de Catastro (SNC). Trece de las fincas, que superan las 3.100 hectáreas, están localizadas en el distrito de Caapucú (Dpto. Paraguarí), con un valor fiscal inmobiliario global de G. 4.701 millones.
Este monto, sin embargo, es risible a la pretención del clan Fretes sobre una parte de sus propiedades en esa zona. Un anuncio de Río Salado SA -otra empresa del clan Fretes y en la cual los accionistas son otra vez Asdrúbal Fretes y Lourdes Beatriz González Gómez- evidencia que la “rosca” pretende comercializar apenas 148 hectáreas en esa mismo sector por US$ 15 millones, alrededor de G. 106.500 millones según la cotización actual. (ver facsímil)
Lo grave es que Río Salado SA aparece realizando este tipo de operaciones inmobiliarias y tampoco está registrada como tal ante la cartera antilavado.
Manejo de millones en efectivo
Tebicuary Campos & Hacienda SA -empresa en la cual el presidente (con permiso) de la Corte, Antonio Fretes, era el accionista mayoritario- también registra multimillonarios manejos de efectivo dificultando conocer el origen de los fondos. La empresa declaró ante la SET que tuvo entre 2016 y 2020 en bancos saldos menores a G. 15 millones, mientras en caja registró un movimiento máximo de G. 3.122 millones. En los últimos seis años, la compañía compró al contado seis lujosos vehículos por G. 2.151 millones.
El presidente (con permiso) de la Corte, Antonio Fretes, tenía 86 acciones por G. 4.300 millones en la empresa Tebicuary Campos & Hacienda SA, según el acta de asamblea general extraordinaria del 7 de noviembre de 2018, transcripta por el escribano Félix Nicolás Martínez. Entonces, Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano –hijo de Fretes– tenía apenas 16 acciones por G. 800 millones; Lourdes Beatriz González Gómez, 26 acciones por G. 1.300 millones; y Río Salado SA, representada por Mariam Perla Gómez de González (madre de Lourdes González, oriunda de Quiindy –feudo del ministro Fretes– y viuda de un panadero), contaba con 29 acciones por G. 1.450 millones.
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Entre los años 2019 y 2022 el ministro Fretes procede a transferir sus acciones a su hijo Asdrúbral Fretes, según la constancia de beneficiario final del año 2022 emitida por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales. Coincidentemente, estas transferencias se hicieron apenas entró en vigencia el Decreto Nº 9043/2018, por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 5895/2017 “Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”.
Esta normativa estableció reglas a los efectos de transparentar el régimen de las sociedades constituidas por acciones. Entre los puntos reglamentados están los mecanismos para ejecutar el canje de las acciones al portador por acciones nominativas, pudiendo conocerse al verdadero propietario o beneficiario final de las mismas.