Proveedores, funcionarios y hasta una modesta quinielera. La lista de personas a las que la administración de Hilario Adorno adeuda varios pagos es bastante extensa, según relataron pobladores de Puerto Casado en conversación con la redacción central de ABC Color.
Perla Ojeda, propietaria de “Ferretería Perlita”, relató a nuestro diario que la comuna le adeuda ya alrededor de G. 300 millones debido a los constantes atrasos en el pago por los insumos y hasta trabajos realizados en varios puntos del distrito.
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“Todo lo que brilla, todo lo que se hizo en el pueblo es de mi dinero, porque fui yo la que se encargó de poner los materiales y de conseguir hasta la mano de obra”, sostuvo doña Perla.
Entre los trabajos realizados con insumos proveídos por su local comercial, citó la instalación de baños modernos en las instituciones educativas, la colocación de luces, el sistema para hacer llegar agua potable a varios puntos del casco urbano y a algunas comunidades indígenas ubicadas ya casi en las afueras del mismo.
En algunas oportunidades, relató, tuvo que hacer pedidos de materiales desde zonas como Pedro Juan Caballero o Concepción. En una ocasión incluso, el intendente exigió que un container con los materiales de construcción llegara hasta el casco urbano, lo que se reflejó en gastos extra para el traslado vía fluvial.
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“A mí me tienen amenazada. Encima que me deben, me dicen que me van a denunciar otra vez porque supuestamente no tengo todos los documentos, pero el propio intendente me dijo que era su secretario el único habilitado para firmar el retiro de los insumos y yo tengo todo registrado cómo venían y (los) llevaban”, afirmó.
Los “dueños de la mafia”
“Yo tengo miedo, pero me deben G. 300 millones y apenas estoy. Soy una mujer sola, mi hija es una profesional que vive en Asunción. Yo estoy enferma y no doy más. Tengo miedo porque ellos mismos dicen que son los dueños de la mafia y que nadie puede más que la mafia”, relató.
El caso de doña Perla es uno de tantos. Según pudo conocer ABC Color, otros proveedores de insumos de construcción habrían incluso perdido sus empresas debido a la falta de pago de la comuna.
Doña Perla recurrió al abogado Emilio Camacho, quien le dijo que le cobraría a medida que le pagaban, pero el mismo es asesor de los Adorno, por lo que tuvo que desistir de su asistencia.
Ayer durante una manifestación frente a la comuna, se conoció el caso hasta de una modesta quinielera afectada por la falta de pago.
Largo historial de denuncias contra clan Adorno
Una serie de denuncias salpican a los miembros del clan Adorno de Alto Paraguay. El grupo familiar está encabezado por José Domingo “Mino” Adorno, gobernador del departamento chaqueño y aspirante a la Cámara de Diputados.
“Mino” es seguido por su hermano, Hilario Adorno, quien se desempeña como intendente de Puerto Casado. Precisamente la denuncia más reciente contra el clan apunta al jefe comunal. Concejales municipales casadeños acercaron a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Diputados y hasta al Ministerio de Hacienda una serie de denuncias sobre irregularidades groseras cometidas por la administración de Adorno.
Entre las denuncias figuran el desvío de dinero, la emisión de cheques sin fondos para el pago a proveedores, la adquisición de bienes por parte del intendente aparentemente con recursos de la municipalidad y el no pago de salario a funcionarios y ediles.
El caso llegó a la Cámara de Diputados, donde la legisladora Rocío Vallejo planteó un pedido de informes aprobado por el pleno y en el que solicitan detalles de la situación patrimonial de la institución.
Pero Hilario no es el único miembro del clan Adorno con varias denuncias en su contra. El gobernador de Alto Paraguay, “Mino” Adorno fue denunciado ante la Fiscalía por irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República con respecto al uso del Fondo de Emergencia en el marco de la pandemia de coronavirus.
Uno de los primeros puntos cuestionados por la CGR es la carencia de documentos respaldatorios a las transferencias realizadas a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro.
Concejales departamentales se ratificaron en la denuncia planteada por el gobernador de Alto Paraguay, José Domingo Adorno.
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Otro punto cuestionado por la CGR es que la administración de Adorno decidió destinar G. 2.265 millones al Vicariato Apostólico del Chaco para fines que no están sustentados en el acta de constitución legal del mismo.
En resumen, los G. 2.265 millones fueron transferidos a la agrupación religiosa para realización de obras, pero esta finalidad no está registrada dentro de sus objetivos.
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Las facturas presentadas por el Vicariato, encabezado por monseñor Gabriel Escobar, demuestran inconsistencias y que la realización de obras de infraestructura no forman parte de sus objetivos. El informe agrega además una larga lista de otras irregularidades detectadas por la CGR.
El caso es manejado por el fiscal Juan Ledesma, quien hace meses tiene la causa pero no ha realizado imputación alguna.
Intentamos sin éxito obtener la versión del intendente Adorno.