La rosca protegida por el ministro Antonio Fretes denunció supuestas irregularidades cometidas por su propio equipo. O al menos es lo que evidencian documentos presentados ante el Viceministerio de Minas y Energía (VME) y a los que tuvo acceso ABC Color.
Fiscalizar “su” mina de oro de Paso Yobái
El pasado 18 de octubre de 2022, la abogada Ana Mora de Ramírez y su hijo Óscar Fabián Ramírez Mora presentaron ante el VME un escrito por el cual reiteraban el pedido de fiscalización sobre los inmuebles que conforman “Mina Paraguay”, una de las más valiosas minas de oro de Paso Yobái, en el departamento de Guairá.
En la nota, también solicitaron ser informados sobre la existencia de pedidos de licencia o permisos del Estado paraguayo para la explotación minera en el predio. Además, anunciaron que supuestamente habían presentado denuncias por supuestos delitos ambientales dentro del predio.
Lo llamativo del caso es que Mora y Ramírez encabezaron un grupo de personas que ingresaron al predio ya en julio de este año, diciendo ser los supuestos dueños y mostrando documentos de una hipoteca que terminarían perdiendo en primera instancia.
Es decir, ellos solicitaron que el Viceministerio fiscalice los trabajos que realizan en el lugar quienes forman parte de su equipo.
Como si esto no fuera suficientemente llamativo, pidieron datos sobre los trabajos de explotación minera en el lugar. Sin embargo, documentos y denuncias presentadas ante la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos dan cuenta de que ellos mismos estuvieron encabezando la explotación minera en el lugar durante años.
Larga historia detrás de las minas de oro y rosca ligada a los Fretes
Esta historia comenzó en 2011. En ese entonces, ciudadanos extranjeros llegaron a Paraguay para iniciar el proceso de una mina de oro en Paso Yobái.
Los extranjeros adquirieron un inmueble de 254 hectáreas. En 2014, ante los problemas en la mina por conflictos con buscadores de oro locales, los inversores extranjeros acudieron a la intermediación del entonces viceministro de Minas, Emilio Buongermini, quien contacta a los inversores con alguien de peso en el gobierno: Eduardo Heisecke Mazó.
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Heisecke Mazó presentó a los extranjeros con los abogados Ana Mora, el hijo de esta, Óscar Fabián Ramírez Mora, y con el síndico de Quiebras Blas Velázquez Fernández, protegido de Antonio Fretes, presidente con permiso de la Corte Suprema. Todo esto fue relatado en una denuncia presentada ante la Embajada de los Estados Unidos en agosto pasado.
Un año después ya se había armado toda una maraña judicial y Mora consiguió que la esposa de Velázquez, la jueza Clara Isasi, le otorgara regulación de honorarios por US$ 2 millones.
La empresa del diputado Ever Noguera
Finalmente, en 2016 los inversionistas tuvieron que firmar un contrato por el cual cedían durante cinco años la explotación de Minas Paraguay a Mora y su hijo.
Fue así que el 3 de noviembre de 2016 se firmó un contrato de prestación de servicios entre las firmas Fair Trade Acquisitions Corp y Minas Paraguay SA por una parte, y por la otra, la firma Itapoty.
Itapoty SA es propiedad del imputado diputado colorado oficialista Éver Noguera, originario del Guairá. Esto consta en sus propias declaraciones juradas de bienes y renta presentadas ante la Contraloría General de la República.
El 60% de lo explotado debía ser para Itapoty SA y el 40% debía ser para Fair Trade Acquisitions Corp. Solo que ese monto debía ser entregado íntegramente a Ana Mora y Óscar Ramírez Mora hasta cubrir los dos millones de dólares que exigían.
No contentos con este contrato, Mora y su hijo obligaron a los extranjeros a firmar una hipoteca sobre todo el inmueble de la mina, con base en lo cual se daría una nueva parte de la pesadilla.
Itapoty supuestamente explotaría la mina, cosa que nunca cumplió. Y con ese incumplimiento, Mora y Ramírez iniciaron un juicio de ejecución hipotecaria contra los inversores extranjeros, proceso en el que perdieron en primera instancia.
A pesar de haber perdido en primera instancia, Mora y su hijo insisten en ser los propietarios del inmueble y los depositarios judiciales, figura que no existe en caso de bienes inmuebles.
Ambos fueron denunciados por invasión ante la Fiscalía ya en julio pasado.
Es decir, Mora y su hijo solicitan la fiscalización de una mina que ellos ocupan y denunciaron delitos ambientales de una explotación que quedó en sus manos ya en 2016.
“Me estafaron”, dice Ana Mora
En una visita a la redacción de ABC Color realizada semanas atrás, Ana Mora había sostenido que tiene una hipoteca sobre “tres inmuebles”, aunque en ese momento no aclaró que se trataba de los que forman parte de la mina.
“Tengo una hipoteca, una garantía real, porque me estafaron esas tres personas”, sostuvo haciendo referencia a los inversores.
Además, dijo ser víctima de una rosca encabezada por Claudio Vera Larroza y Gregorio Daniel Acosta Talavera, también cercanos al clan Fretes y que aparecen ligados al intento de cobrar US$ 40 millones al Estado por el caso de la muerte del joven Joel Filártiga en la dictadura.