Néstor David Martínez Britos, funcionario público que se quedó con el usufructo del icónico Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, ignoró los pedidos de informe remitidos desde la Comuna con respecto a los subarrendamientos que realizó en los últimos seis años en el lugar.
Así quedó de manifiesto en la respuesta remitida por la Municipalidad de San Bernardino a un pedido de informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Lo que pidió la Contraloría
La CGR remitió el 23 de noviembre último un pedido de informes a la Municipalidad de San Bernardino sobre los términos en los que fue entregado el usufructo del Anfiteatro José Asunción Flores, emblemático sitio cultural de la villa veraniega. En concreto, el ente de control solicitó que la Comuna –ahora a cargo de Emigdio Ruiz Díaz (ANR)– entregue documentos sobre la situación del predio.
En primer término, la CGR requirió que se informe si el anfiteatro fue concesionado a alguna empresa y que, en caso de ser así, se le remitieran los antecedentes.
También solicitó que le envíen detalles sobre los ingresos que generó para el municipio la concesión. Además, reclamó que se detallases cuáles eran las empresas a las que se les entregó la subconcesión para operar en el lugar.
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Sin respuesta
Al momento de responder, la Comuna hizo constar solo un subarrendamiento realizado por Martínez Britos.
En concreto, se citó el subarrendamiento correspondiente al 2021-2025 con la firma Indus SA, representada por Rodrigo Luis Nogués Bazán.
Según el documento, esta firma que explota dos locales nocturnos en el predio del anfiteatro pagó G. 785 millones por los cuatro años de usufructo de una parte del anfiteatro.
“Se aclara que esta administración ha requerido un informe detallado al señor Néstor Martínez sobre los subarrendamientos del predio, pero hasta la remisión de esta Nota no hemos tenido respuesta (sic)”, señala la contestación.
Millonaria diferencia
El Anfiteatro fue inaugurado oficialmente en setiembre de 1992, pero la crisis financiera de mediados de los años 1990 llevó a la quiebra a la firma Lago Vista SA, ligada al Banco de Inversiones del Paraguay SA (BIPSA), propietaria del establecimiento.
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El sitio estuvo abandonado durante varios años y finalmente en 2012 fue promulgada la ley 4784 por la cual se declaraba de interés social y se expropiaban las fincas 832, 7060 y 7364 de la compañía Yby Anguy de San Bernardino, donde está el anfiteatro. En total, los tres inmuebles tenían más de nueve hectáreas.
Luego de varias disputas que llegaron incluso a la Corte Suprema de Justicia, la ley quedó firme y el Estado tuvo que desembolsar casi G. 35.000 millones por la valiosa propiedad.
Finalmente, el Estado entregó al municipio de San Bernardino la administración del anfiteatro hasta el 2032. La Comuna, a su vez, terminó concesionando su usufructo en 2016.
El documento fue firmado en 2016 entre el entonces intendente de San Ber, el liberal llanista Luis Aguilar, y un ciudadano de nombre Néstor David Martínez Britos, quien resultó ser funcionario público y proveedor del Estado.
Según se puede ver en el documento, la municipalidad entregó el usufructo del anfiteatro por siete años. A cambio, debía recibir un canon de G. 400 millones por todo ese período, lo que equivaldría a unos G. 57 millones por año.
Es decir, el arrendatario debía entregar G. 4.750.000 mensuales.
A cambio de ese dinero, según consta en el contrato, el mismo podía volver a subarrendar la utilización del predio y percibir de forma exclusiva todos los beneficios económicos.
Martínez le cobró G. 785 millones por cuatro años de usufructo a una sola empresa, esto es unos G. 196 millones anuales.
Con un solo contrato, Martínez Britos casi dobló el monto total que pagó a la Comuna y triplicó el monto anual.
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Si se toma en cuenta el desembolso de G. 35.000 millones que realizó el Estado y los G. 57 millones anuales que percibió la Comuna en los últimos años, un cálculo rápido arroja que recién en 614 años se podría recuperar la inversión, sin tener en cuenta valores inflacionarios y plusvalías.
El arrendatario, Martínez Britos, es funcionario del Ministerio de la Niñez y declaró cero patrimonio.