Más de 600 años le tomaría al Estado recuperar la inversión realizada para la expropiación del Anfiteatro José Asunción Flores si se continúa con el contrato firmado en 2016 por la Municipalidad de San Bernardino. Es que el Ministerio de Hacienda había desembolsado G. 35.000 millones para que el icónico predio pasara a manos públicas, pero la comuna entregó el usufructo por unos G. 57 millones anuales.
La historia del predio
El Anfiteatro fue inaugurado oficialmente en setiembre de 1992, pero la crisis financiera de mediados de los años 90 llevó a la quiebra a la firma Lago Vista SA, ligada al Banco de Inversiones del Paraguay SA (BIPSA), propietaria del predio.
El sitio estuvo abandonado durante varios años y finalmente en 2012 fue promulgada la ley 4784 por la cual se declaraba de interés social y se expropiaban las fincas 832, 7060 y 7364 de la compañía Yby Anguy de San Bernardino. En total, los tres inmuebles tenían una superficie de más de nueve hectáreas.
Luego de varias disputas que llegaron, incluso, a la Corte Suprema de Justicia, la ley quedó firme y el Estado tuvo que desembolsar casi G. 35.000 millones por la valiosa propiedad.
Finalmente, el Estado entregó al municipio de San Bernardino la administración del predio hasta el 2032. La Comuna, a su vez, terminó concesionando su usufructo en 2016.
El documento fue firmado en 2016 entre el entonces intendente de San Ber, el liberal llanista Luis Aguilar, y un ciudadano de nombre Néstor David Martínez Britos, quien resultó ser funcionario público y proveedor del Estado.
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Según se puede ver en el documento, la Comuna entregó el usufructo del Anfiteatro por siete años. A cambio, debía recibir un canon de G. 400 millones por todo ese período, lo que equivaldría a unos G. 57 millones por año.
Es decir, el arrendatario debía entregar G. 4.750.000 mensuales.
A cambio de ese dinero, según consta en el contrato, el mismo podía volver a subarrendar la utilización del predio y percibir de forma exclusiva todos los beneficios económicos.
Días atrás trascendió que Martínez Britos subarrendó a una de las discotecas que funcionan en el lugar por G. 780 millones por cuatro años. Esto es, unos G. 195 millones anuales.
Con un solo contrato, Martínez Britos casi dobló el monto total que pagó a la Comuna y triplicó el monto anual.
Seis siglos
Si se toma en cuenta el desembolso de G. 35.000 millones que realizó el Estado y los G. 57 millones anuales que percibió la Comuna en los últimos años, un cálculo rápido arroja que recién en 614 años se podría recuperar la inversión, sin tener en cuenta valores inflacionarios y plusvalías.
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El “misterioso” arrendatario
Otro punto llamativo es el del arrendatario del icónico predio.
Néstor David Martínez Britos declaró ser un modesto funcionario público
Martínez Britos es funcionario del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), y llegó, incluso, a ocupar el cargo de jefe de Gabinete de la institución.
En la última declaración jurada de bienes y renta presentada por Martínez Britos, se puede cotejar que su patrimonio neto era cero, como consecuencia de no poseer activos ni pasivos. Tampoco declaró pago alguno de impuestos de las ganancias del alquiler.
FOTOGRAFÍAS DEL ABANDONO
La Municipalidad de San Bernardino anunció la rescisión del contrato de arrendamiento del Anfiteatro, alegando que una inspección al predio evidenció el incumplimiento por parte del arrendatario.
Desde las redes oficiales de la institución publicaron fotografías de las condiciones del predio al momento en el que la comuna volvió a tomar posesión del icónico predio. Las imágenes evidencian el abandono y el descuido.
Jueza falló contra discotecas
Por otro lado, la jueza de la Niñez y la Adolescencia Josefina Cuéllar rechazó el amparo presentado por representantes de locales nocturnos que funcionaban en el Anfiteatro.