Funcionaria de confianza del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard (ANR, cartista), Norma Noguera fue jefa principal de las direcciones de Presupuesto, Administración y de Licitaciones. Con un salario actual de G. 25 millones pasó a ser conocida como “la cuarta ministra” del TSJE y ganó notoriedad tras sus fuertes roces con la entonces miembro del TSJE María Elena Wapenka.
Pero con la renovación de autoridades del organismo, Bestard perdió mayoría y Noguera fue relegada de la Dirección del Registro Civil Electoral, en la que fue acusada de planillerismo por el senador Pedro Santa Cruz (Frente Guasu). Este último presentó grabaciones de circuito cerrado en que la funcionaria supuestamente marcaba su entrada, dejaba el ente y después volvía solo para marcar su “salida”.
Sin embargo, en pleno sumario administrativo en su contra pidió a las autoridades del ente una constancia de Recursos Humanos que diga que en su legajo no hay apercibimiento o sanción alguna.
El objetivo -admite- es ser postulante ante el Consejo de la Magistratura, ente que selecciona jueces y fiscales a consideración del Poder Judicial. Noguera es funcionaria de confianza del saliente titular del TSJE, Jaime Bestard (ANR, cartista), y de Olindo López, exdirector de finanzas quien ya presentó su renuncia.
Este último también fue sumariado tras ser denunciado como “planillero” por el citado senador.
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“Cuarta ministra”: mote de Norma Noguera en el TSJE
Norma Noguera se ganó el mote de “cuarta ministra”, después de que María Elena Wapenka, exmiembro del TSJE (2013-2022), pidiera varias veces a Bestard la destitución de la funcionaria, pero el cartista siempre ignoró. Wapenka estaba enfadada por el recorte de sueldos de sus allegados durante la pandemia.
El caso fue olvidado después de que el diputado Colym Soroka (ANR, FR) saliera en defensa de Noguera y amenazara a Wapenka con juicio político. La anterior “cuarta ministra” del TSJE era Liliana Benítez, esposa de Luis Gneiting (ANR, ahora ya fallecido).
Noguera llegó a la Justicia Electoral como una comisionada del Ministerio del Interior a pedido de Olindo López. En 2017, con miras a las elecciones generales del 2018, el gremio de empresarios gráficos denunció una presunta sobrefacturación del 300% en la impresión de papeletas con “empresas amigas” y los industriales apuntaron contra ella.