Rosca protegida por ministro invadió valiosa mina en Paso Yobái, denuncian

Inversionistas de una empresa minera denunciaron ante la Fiscalía a miembros de una rosca protegida por el ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes fueron denunciados ante la Fiscalía por la invasión de una valiosa mina de oro ubicada en Paso Yobái. Ana Mora, abogada ligada al síndico de Quiebras Blas Velázquez, fue señalada por los denunciantes como una de las invasoras del predio.

Una de las tantas minas de oro establecidas en la zona de Paso Yobai. (foto referencial).
audima

Amenazas, una millonaria regulación sin fundamento y hasta la invasión de una valiosa mina de oro en Paso Yobái. Estos son los elementos que forman parte de la denuncia presentada por el ingeniero Juan Urrustarazu ante el Ministerio Público contra la abogada Ana Mora de Ramírez y su hijo, Óscar Ramírez Mora, también abogado, ambos cercanos al síndico de quiebras Blas Velázquez, protegido del ministro Antonio Fretes.

Urrustarazu es -o al menos era- uno de los encargados de Mina Paraguay, uno de los mayores puntos de explotación de oro en Paso Yobái. Los trabajos allí están parados debido a que el lugar fue invadido, según consta en una copia de la denuncia presentada ante el Ministerio Público y a la que accedió ABC Color.

“Me quebraron y me siguen persiguiendo”, sostuvo el profesional en conversación con ABC Color.

El inicio del calvario en Paso Yobái

La invasión perpetrada meses atrás fue apenas el culmen de una larga historia de aprietes a inversores extranjeros, según la denuncia y publicaciones del archivo de nuestro propio diario.

La mina fue concesionada en el 2011 a inversores extranjeros detrás de MINAS PARAGUAY, entre quienes se visualiza a Steven Klaver, Thomas Dalrimple y Dwight Romanica. Esta empresa compró de Talavera y Ortellado el inmueble de 254 hectáreas.

En el 2014 comenzaron los problemas en la Mina por conflictos con buscadores de oro locales: intermedia el entonces viceministro de Minas, Emilio Buongermini, quien contacta a los inversores con alguien de peso en el gobierno: Eduardo Heisecke Mazó.

Este contacta a los inversores con su abogada, Ana Mora. Para el 2015, ya se instaló una maraña judicial. Además de los líos judiciales, la abogada Mora consiguió que le regularan sus honorarios en casi US$ 2 millones.

Mora fue beneficiada con esta regulación por la entonces jueza de la Niñez y la Adolescencia de Quiindy, Clara Isasi, quien a su vez es esposa del síndico de quiebras Blas Velázquez Fernández.

El acta redactado por la fiscal María Unger revela que Ana Mora y su hijo, Oscar Ramírez Mora, se encargaron de insultar y agredir verbalmente a los intervinientes.

Isasi llegó a ser investigada y apercibida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en 2017 por esta actuación. Sin embargo, luego fue premiada al ser llevada como camarista en Misiones.

Las amenazas de Heisecke

“Vos sabés mejor que nadie que si yo te voy a atacar, no voy a parar hasta que vos estés en Estados Unidos de vuelta o estés preso, porque así voy a estar yo (...) Vendé, firmá y rajá”,

Así se oye decir en un audio al empresario Eduardo Heisecke Mazó, socio comercial de Juan Carlos López Moreira, directivo de empresas del Grupo Cartes y jefe del Gabinete Presidencial del gobierno de Horacio Cartes.

Finalmente, en 2017, el MOPC despojó de la mina a los inversores de MINAS PARAGUAY. Usaron el argumento de que habían olvidado pagar cánones de 2015 y 2016 (unos 1.300 dólares, aproximadamente), algo que desmienten los actuales asesores jurídicos de la empresa. Aseguran que el artículo 20 del contrato que ellos tienen habla del derecho a la “corrección” de cualquier causal de caducidad invocada por el Gobierno dentro del plazo de 60 días.

Lo llamativo es que a partir de que el MOPC firmó la “caducidad” de la concesión, en apenas un par de días ya apareció un nuevo interesado –un abogado exfuncionario del MOPC–, a quien entregaron la mina pese a no observarse ni capacidad técnica ni financiera, como exige la Ley de Minas.

Tuvieron que ceder explotación de mina

Finalmente, en 2016 los inversionistas tuvieron que firmar un contrato por el cual cedían durante cinco años la explotación de Minas Paraguay a Ana Mora y Óscar Fabián Ramírez Mora.

En ese período debían cubrir el monto de US$ 2 millones. Sin embargo, nunca se realizó la explotación y volvieron a generar una demanda para quedarse con el inmueble.

Mora y Ramírez sufrieron un revés en primera instancia pues un juez declaró la inhabilidad de los documentos presentados.

Aún así, utilizaron esos documentos para atropellar el predio de la mina hace unos meses, hasta con acompañamiento de efectivos de una subcomisaría local, según consta en el acta de la denuncia ante Fiscalía.

Urrustazu relató la forma en la que los invasores destruyeron todo lo que había dentro del predio.

Amenazas a fiscal

Además, Mora y Ramírez llegaron incluso a amenazar a una comitiva fiscal-policial que llegó hasta Minas Paraguay para constatar la invasión denunciada.

Así quedó reflejado en un acta labrada por la fiscal María Unger, quien encabezó el procedimiento.

Unger llegó hasta la mina el pasado 27 de julio. Cuando iban a ingresar, empezaron los problemas.

Oscar Ramírez Mora llegó a decir a la comitiva fiscal que no se hacía responsable si ingresaban a la mina porque la gente que lo acompañaba en el interior del predio portaba armas de fuego.

“Dos personas identificadas como Ana Mora de Ramírez y Óscar Fabián Ramírez, quienes dijeron ser los depositarios provisionales, empezaron a gritar diciendo palabras irreproducibles, improperios”, señala el acta.

El acta señala que Ramírez Mora trató de ignorantes a los intervinientes. “Reiterando su oposición al ingreso en el predio, refiriendo que (si) llegan a ingresar personas (...) no se hace responsable refiriendo que las personas que se encuentran en el interior del inmueble portan armas de fuego”, se lee en el documento.

Lo
más leído
del día