Esta será la última oportunidad del Senado para tratar el expediente, ya que la objeción del Poder Ejecutivo tendrá sanción ficta el 4 de diciembre y quedará firme.
Los senadores que quieran ratificar esa cuestionada repartija de fondos públicos deben reunir 23 de 45 votos.
Si la votación arroja una cifra menor, la objeción del Ejecutivo será aceptada automáticamente. Pero si el veto es rechazado, será remitido a la Cámara de Diputados para la misma consideración.
Los proyectistas originales del plan son los senadores Tony Apuril (PDP), Enrique Riera (ANR, HC), Miguel Fungencio “Kencho” Rodríguez (FG) y Abel González (PLRA, C). Las gestiones por parte de unos supuestos 16.000 exobreros son realizadas por Milciades Areco, como representante de los exempleados, y Daniel Espínola (PLRA), representante de los “herederos”.
Otro despojo en 2004
Milciades Areco es candidato a senador de Nueva República, que lidera el presidenciable Euclides Acevedo. Es abogado con “experiencia” en representar millonarios despojos a la Itaipú mediante fallos arbitrarios. En el 2004, gestionó un caso por G. 17.000 millones que fue comparado con las “croquetas de oro”.
En 2004 Areco estuvo involucrado en denuncias de intento de despojo a la Itaipú en connivencia entre exobreros, abogados y magistrados. La Corte Suprema salió al paso y frenó el pago.
En ese entonces, exempleados de Itaipú demandaron el pago de más de G. 17.000 millones en concepto adicional por el trabajo en la zona de frontera, peligrosidad y domingos trabajados.
Jueces de frontera fallaron a favor de los extrabajadores porque, según denuncias, el entonces ministro de la Corte Víctor Núñez presionó a Itaipú a aceptar la demanda.
Sin embargo, la binacional recurrió a la Corte Suprema de Justicia donde Antonio Fretes y Raúl Torres Kirmser admitieron la inconstitucionalidad del fallo con el voto en disidencia de José Altamirano.
Contraparte
Milciades Areco, hoy titular de la UNETIC, siendo representante de los exfuncionados de Itaipú, manifestó entonces a nuestro medio que era “descabellada” la denuncia.
“Con relación a mi intervención, desde el inicio de las acciones judiciales actúe solo; no pertenezco a ningún grupo de profesionales con influencias en el Poder Judicial ni mucho menos a grupos políticos que pudieran dar la sensación de que mis actividades profesionales tengan que incidir sobre la conducta de algún miembro de la Sala Constitución y torcer la voluntad legal”, agregó entonces el actual gestor de los “obreros”.