En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, habló de las pesquisas en marcha dentro de esa institución sobre las denuncias de irregularidades en torno a familiares del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes.
Torres comentó que la Contraloría ya pidió informes sobre los ingresos de uno de los hijos del ministro, Asdrúbal Fretes, y la pareja de este, Adriana Florentín, luego de que publicaciones periodísticas denunciaran que Fretes no declaró una empresa de créditos de la que era copropietario cuando aún era funcionario del Ministerio Público.
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En abril de 2015, Asdrúbal Fretes constituyó la casa de préstamos Ahoraite SA, con un capital de G. 5.000 millones. En ese lapso, igualmente ya aparecía como director titular de la empresa Río Salado SA, con un capital de G. 20.000 millones, según los documentos.
Aún siendo empleado de la Fiscalía para el 26 de abril 2016, ya se presentaba ante la asamblea ordinaria de Río Salado SA con acciones por G. 2.100 millones, pero nada de esto quedó plasmado en su última declaración de bienes a la Contraloría, el 14 de setiembre de 2016.
Torres recordó que, si los ingresos declarados de la pareja no se corresponden con su incremento patrimonial, la Contraloría se verá obligada a denunciar esa incongruencia ante el Ministerio Público.
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Contraloría afirma que investigación requiere de tres a seis meses
Señaló que las diligencias requieren de documentación del Ministerio de Hacienda y que normalmente procesos de correspondencia como el que se requiere toman entre tres y seis meses, aunque indicó que, si la Contraloría recibe todos los datos requeridos antes del fin del año, el trabajo podría terminar en los primeros días de febrero.
El ministro Antonio Fretes enfrenta escraches, pedidos de renuncia y un potencial juicio político luego de que se revelara que su hijo, el abogado Amílcar Franco, firmó un contrato por casi 400 mil dólares para brindar asesoría legal al ciudadano brasileño-libanés Kassem Mohamad Hijazi, quien buscaba frenar su extradición a los Estados Unidos, un caso que eventualmente iba a ser juzgado por el propio Antonio Fretes en la Sala de Asuntos Constitucionales de la Corte Suprema.