Ejecutivo pide ampliar hasta el 30 de junio de 2023 declaración de emergencia penitenciaria

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores un proyecto de ley en el que solicita por cuarta vez de forma consecutiva la ampliación, esta vez por 180 días, de una declaración de emergencia en todos los establecimientos penitenciarios del territorio de la República y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio fiscal 2023. El periodo legislativo concluye el 30 de junio de 2023.

Una imagen de archivo que ilustra la situación de hacinamiento en la que se encuentran los internos del penal de Tacumbú.Archivo, ABC Color
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La declaración de emergencia vigente tendrá vencimiento el 31 de diciembre próximo. La iniciativa del Ejecutivo, que busca ampliar la declaración de emergencia por 180 días más, tuvo entrada oficial en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores realizada el jueves último. La norma tendrá alcance a todos establecimientos penitenciarios de varones, mujeres y centros educativos de menores, dependientes del Ministerio de Justicia en todo el territorio de la República.

El Poder Ejecutivo reglamentará dentro del plazo de 15 días el Plan de Seguridad con el concurso de las fuerzas públicas en la seguridad y vigilancia de todos los establecimientos penitenciarios de la República.

El plan de seguridad penitenciaria con las fuerzas públicas tendrá por objetivo coordinar las acciones conjuntas del cuerpo de seguridad penitenciaria del Ministerio de Justicia, con los efectivos de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional, en vigilancia y seguridad de los centros penitenciarios.

Con esa finalidad, los objetivos específicos serán: fortalecer la seguridad perimetral e interna de los centros penitenciarios, con el concurso de las fuerzas públicas, fortalecer la inteligencia penitenciaria, con el concurso de las áreas de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de la Nación y mejorar la efectividad del sistema de seguridad para reducir los riesgos de fuga u otros hechos cometidos por el crimen organizado en los centros penitenciarios.

Penitenciarías con niveles críticos

El hacinamiento es una de las consecuencias del abuso de la prisión preventiva y de la mora judicial.

El Ejecutivo fundamenta su pedido al señalar que uno de los argumentos principales de la sanción y promulgación de la Ley Nº 6365/2019 en aquel entonces se remitía a lo expuesto en el artículo 79 del la Ley Nº 5162/2014 “CÓDIGO DE LA EJECUCIÓN PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY”, el cual reza: “Capacidad de establecimiento: el número de internos en cada establecimiento no podrá superar su capacidad máxima certificada, a fin de asegurar la adecuada custodia y tratamiento del interno…”.

El Ejecutivo menciona que el hacinamiento penitenciario continúa en niveles críticos, considerando que durante el primer semestre del año 2022, la tasa de ocupación promedio era de 142%, que por la evolución de la población registrada en los meses de enero a julio 2022, meses durante los cuales se incrementó la población de 15.000 a más de 16.000 personas, se dará un inevitable aumento, dado que se incrementaron los nuevos ingresos de personas privadas de libertad.

A esto suma el agravante que por razones de seguridad algunos centros penitenciarios están con la medida de cierre administrativo para nuevos ingresos, como es el caso de las penitenciarías regionales de Villarrica, Encarnación, Misiones, San Pedro, ambas penitenciarías de la ciudad de Emboscada, entre otros. En consecuencia, sigue aún vigente uno de los argumentos principales de la Ley N° 6365/2019, en lo que se refiere a la excesiva cantidad de personas privadas de libertad que superaban la capacidad máxima de los centros penitenciarios.

Menciona que dicha situación de sobrepoblación y hacinamiento se encuentra encaminada a una descongestión mediante la habilitación y puesta en funcionamiento pleno de los tres nuevos centros penitenciarios que se encuentran actualmente en proceso de terminación y con los procesos para su equipamiento de mobiliarios y equipos de seguridad en proceso; no obstante, hasta la culminación de las obras y traslado efectivo de las personas privadas de libertad que deberán ser reubicadas en los mismos, la situación persistirá.

Incidencia del crimen organizado

Añaden que otro factor no menos importante es la incidencia de la criminalidad organizada en el sistema penitenciario, hecho el cual demanda un mayor grado de vigilancia y control, lo cual solo se logra mediante el concurso de las fuerzas públicas.

En este contexto, menciona que “resulta necesario ampliar el plazo de la declaración de emergencia penitenciaria en todo el territorio de la República del Paraguay, por el plazo 180 días más, a los efectos de permitir el concurso de las fuerzas públicas en la seguridad y vigilancia de todos los centros penitenciarios de la República, ínterin son habilitados los nuevos centros penitenciarios en proceso de terminación y equipamiento”, señala el justificativo del Ejecutivo para solicitar una ampliación hasta fines de junio, que coincide con el fin del periodo legislativo.

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