Una intrincada red de empresas ligadas unas con otra tiene en su centro a Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, hijo de Antonio Fretes, presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia y el más antiguo de los miembros de la máxima instancia judicial.
Créditos, cobranzas y más ligados a los Fretes
Asdrúbal Fretes aparece como accionista de la firma Ahoraité SA, una casa de créditos ubicada a escasos metros de la sede de la Vicepresidencia de la República, en el centro de Asunción.
El abogado y exfuncionario del Ministerio Público tiene como socia en la firma a su pareja, Adriana Florentín Oliver, quien es relatora de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo a informes comerciales, la firma fue constituida en 2015 con un capital declarado de G. 5.000 millones.
Como presidenta de la sociedad figura la abogada Lourdes Beatriz González Gómez, quien a su vez aparece ligada a otras empresas en las que también aparece Fretes Valenzano. González Gómez es considerada como una abogada con mucha influencia en el Poder Judicial debido a su cercanía con la familia Fretes, de acuerdo a fuentes a las que tuvo acceso ABC Color. De hecho su nombre aparece como accionante en varias inconstitucionalidades que fueron resueltas por el ministro Antonio Fretes, padre y suegro, respectivamente, de sus socios comerciales.
Entre los accionistas de la casa de crédito aparece Reynaldo Victor Oporto Leiva y también las empresas Río Salado SA y Tebicuary Campos & Hacienda SA.
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Río Salado es una empresa constituida en 2013 y que declara entre sus objetivos servicios de cobranzas de facturas, letras, pagarés, títulos de créditos y otros, comercialización de inmuebles, industrias, franquicia, etc. De acuerdo a a informes comerciales, tiene un capital autorizado de G. 10.000 millones.
Entre los accionistas de esta firma vuelven a aparecer Reynaldo Víctor Oporto Leiva y Lourdes Beatriz González Gómez. Según el acta de constitución, de 2013, cada uno aportó G. 1.000 millones EN EFECTIVO.
En la modificación de los estatutos de la citada empresa realizada en 2014 ya no aparece Oporto Leiva y solo figuran como accionistas Lourdes Beatriz González y Asdrúbal Antonio Fretes.
Tebicuary Campos & Hacienda, por su parte, fue constituida en 2005 y declara como objetivos las operaciones ganaderas y agrícolas, compra-venta. Tiene un capital declarado de G. 10.000 millones.
Aparece otro ministro de la Corte: César Diesel
Asdrúbal Fretes también aparece como director titular de la firma Negocios y Servicios SA. Esta firma fue constituida en 2008 y tiene un capital declarado de G. 10.000 millones. Entre sus objetivos declara la prestación de servicios de cobranzas.
Negocios y Servicios tiene entre sus accionistas a Reynaldo Víctor Oporto Leiva y a su hermano Federico Sebastián Oporto Leiva. En la masa societaria también aparecen las empresas Río Salado SA (la misma de la que ya hablamos más arriba) y Voirons SA, que tiene como presidenta Miriam Harms Bichoff, como director a Matías Espínola Harms y como socio a Carlos Rubén Fernández Benítez.
Otro miembro de la masa societaria de Negocios y Servicios SA es Óscar Enrique Diesel Junghanns, hermano del también ministro de la Corte Suprema, César Diesel Junghanns.
Bancos de plaza
Voirons SA y Óscar Enrique Diesel Junghanns también aparecen entre los directivos y/o accionistas de Banco Río SAECA, firma constituida en 2019 con un capital de G. 500.000 millones.
Volviendo a Asdrúbal Fretes, el mismo también aparece en memorias del Banco Continental SAECA como parte de la larga lista de accionistas. La entidad financiera fue constituida en 1995, con un capital declarado de G. 100.000 millones.
En Continental, Fretes Valenzano aparece nuevamente junto a Reynaldo Víctor Oporto Leiva, quien figura como director titular de la entidad financiera desde 2018. Este último aparece además como presidente de Patria SA de Seguros y Reaseguros. El banco es además propietario de Avalon Casa de Bolsa.
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En Continental y sus empresas ligadas, Fretes Valenzano tiene entre sus socios al diputado Walter Harms, uno de los que deberá analizar el líbelo acusatorio contra Antonio Fretes. Es decir, el legislador deberá estudiar si se aprueba o no el juicio político del padre de su socio comercial.
Consultado al respecto, Harms aseguró a ABC que es uno más de los 1.550 accionistas del Banco Continental y que no tiene vínculo alguno con la parte operativa del mismo debido a una imposibilidad legal. Y agregó que él es un socio minoritario.
“Yo no puedo dar información y el banco tampoco va a dar sobre sus accionistas porque existe el secreto bancario”, afirmó.
Aseguró que no conoce siquiera el nombre de Asdrúbal Fretes y que por lo tanto nada tendrá que ver con su posición con respecto al juicio político al ministro de la Corte y padre de su socio comercial.
En las memorias de Continental también aparecen como personas ligadas o vinculadas Voirons SA y Negocios y Servicios SA, esta última ligada directamente a Fretes Valenzano.
Como anécdota particular, Patria Seguros fue la que se encargó de otorgar la póliza sobre los G. 17.000 millones que pagó el Ministerio de Salud Pública como anticipo a las empresas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA por la provisión de equipos de bioseguridad y terapia intensiva para hacer frente a la pandemia del covid-19, en el caratulado como caso de los “insumos chinos”.
Antonio Fretes, cercano al clan González Daher
Y todavía queda una pata más de las numerosas conexiones del clan Fretes. El ministro Antonio Fretes, padre de Asdrúbal, es amigo cercano de Ramón González Daher, condenado usurero y exdirigente deportivo, hermano del condenado exsenador cartista Óscar González Daher (+), quien manejaba a sus antojos a jueces y fiscales desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Además, César Diesel es suegro del abogado Eduardo “Escu” Rodrígez Alcalá Cháves, sobrino de la escribana Nélida Cháves, viuda del fallecido exsenador.
La familia Diesel es, como ya vimos más arriba, socia comercial de la familia Fretes. Una extensa red que incluye no solo empresas, sino también cercanías políticas.
Nunca declaró ante la Contraloría
Asdrúbal Fretes era funcionario público de la Fiscalía, lugar donde estuvo hasta el 2016, y declaró un salario de apenas G. 8 millones. Cuando en el 2015 abrió el millonario negocio de Ahoraité SA con una constitución de capital de G. 5.000.000.000, seguía siendo funcionario público, pero NADA MENCIONÓ en su declaración ante la Contraloría General de la República, ni sus millonarias acciones en RÍO SALADO.
En concreto, Fretes Valenzano presentó dos manifestaciones de bienes ante la CGR, según la página web de la institución.
La primera fue presentada el 24 de abril de 2015. El entonces funcionario del Ministerio Público declaró tener dos cuentas bancarias entre las cuales sumaba un total de G. 9.910.000.
Una de las cuentas fue abierta en la entonces Financiera Río, convertida luego en Banco Río, propiedad de la familia del ministro de la Corte César Diesel.
También declaró ser propietario de una camioneta valuada en G. 85 millones. No declaró otro activo y dijo tener deudas por G. 2 millones.
La siguiente declaración jurada fue presentada el 14 de setiembre de 2016. En ese entonces, Asdrúbal declaró tener G. 9.910.000, misma cantidad que dijo tener guardada en sus dos cuentas bancarias.
Seguía teniendo la misma camioneta y declaró haber adquirido en un año obras de arte por G. 30 millones y equipos de oficina por otros G. 15 millones. Declaró ingresos mensuales por G. 8 millones.
¿De sus acciones? Ni una sola mención. Ya entonces había constituido Ahoraité SA y Río Salado SA.
La que sí incluyó las acciones en las empresas es Adriana Florentín Oliver, relatora de la Corte, y pareja y socia comercial de Asdrúbal.
En 2019, con un sueldo de G. 15 millones, la mujer dijo tener ahorros por G. 135 millones en dos cuentas bancarias, una de ellas en Continental, donde Asdrúbal es accionista.
Además declaró acciones por G. 200 millones en la firma Ahoraité SA, la casa de préstamos.
Negocios especiales para el lavado
El montaje de una red de empresas vinculadas y que tienen a varios directivos o accionistas que se relacionan entre sí, es uno de los mecanismos que se utilizan habitualmente para el lavado de activos.
Un informe divulgado por el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) señala que uno de los esquemas que más se utilizan a nivel mundial es la creación de decenas de empresas para que el dinero, que proviene por lo general del mercado negro, pueda ingresar al sistema financiero.
Según lo que expone GAFI, estas redes ilegales crean una infraestructura y tienen herramientas para crear empresas y abrir cuentas bancarias. Por lo general, en este proceso, reclutan a personas sin pasado judicial para registrar estas empresas – muchas veces ficticias – y lograr así que las mismas activen y puedan adquirir capital.
Ejemplos de lavado de dinero sobran en Paraguay
En nuestro país hay varios ejemplos de este tipo de esquema. Uno muy llamativo y que tuvo una investigación profunda detrás fue el que armó el brasileño Darío Messer, el “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes.
Según la propia justicia brasileña, Messer lavó alrededor de 100 millones de dólares en el sistema financiero paraguayo, incluyendo la compra de empresas de diversos rubros, el pago de jugosas coimas y millonarios sobornos.
Messer era dueño de empresas inmobiliarias y tenía muchas propiedades que le dedicaba al rubro de la ganadería. Llegó a tener, según datos de los investigadores, unas 12.000 cabezas de ganado en diferentes establecimientos.
Darío Messer está hoy día preso en Brasil, condenado por lavado y otros hechos.
El caso Erico Galeano
Un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) al que tuvo acceso ABC Color en mayo de este año, reveló que el diputado cartista Erico Galeano también tenía montado una estructura similar de decenas de empresas con los que se habría lavado activos.
En el caso de Galeano, las empresas eran mayormente del rubro del cigarrillo y estaciones de Servicio, aunque también aparece con varios inmuebles a su nombre. El informe se desprendió de una amplia investigación que se dio a conocer como operativo “A Ultranza” que es considerado el más grande se haya realizado en Paraguay. La investigación fue realizada en el 2019 con el apoyo de organismos antidrogas y policiales de Estados Unidos, la Unión Europea y Uruguay.
Al igual que en el caso Messer y Galeano, con la red de empresas del Clan Fretes, el Ministerio Público sigue paralizado.