En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el abogado Horacio Galeano Perrone, presidente de la Asociación Paraguaya de Ciencias Políticas, expresó su desacuerdo con el fallo contra la libertad de prensa emitido el pasado jueves por el juez Wilfrido Peralta, en el marco de un juicio por difamación impulsado por la exviceministra de Tributación Marta González contra la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano.
“Me dolió muchísimo la resolución que atenta contra la libertad de prensa, lo digo públicamente como presidente de la Asociación Paraguaya de Ciencias Políticas”, dijo Galeano Perrone.
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“Esto no es contra Natalia y contra Juanki Lezcano (…) Nos duele a todos los paraguayos de bien una resolución de ese tipo que no es contra ABC Color, no es contra Última Hora, es contra la libertad de prensa en Paraguay”, agregó el exministro de Educación.
El fallo del juez Peralta en el juicio a ABC Color favoreció a la exviceministra González a pesar de que testigos y documentos ratificaron las críticas y observaciones que había realizado ABC Color en una publicación sobre la contratación directa de un organismo internacional para la actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu, durante la administración de González al frente de la Secretaría de Estado de Tributación (SET).
Cuando Marta González era viceministra de Tributación, se adjudicó un contrato para actualización del sistema tributario por más de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), un organismo del que la propia González era directiva. No hubo competencia, sino contratación por vía directa, y se argumentó que eran los únicos con la experiencia requerida, pero tercerizaron el contrato.
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Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, afirmó durante su comparecencia en el marco del juicio que la vía de la excepción se utilizó de forma indebida en el proceso de compra de la actualización del sistema Marangatu. Además, la Contraloría General de la República concluyó que los argumentos de “urgencia impostergable” esgrimidos por el SET eran “insuficientes e infundados”.
Sin embargo, el juez Peralta entendió que, pese a que la Contraloría General de la República declaró irregular la compra de la actualización del sistema Marangatu, el contrato firmado por la SET con el CIAT está dentro del contexto del marco de la ley.
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La decisión del juez Peralta ha sido cuestionada por actores políticos de la oposición política y el oficialismo –incluyendo al precandidato presidencial colorado Arnoldo Wiens–, organizaciones no gubernamentales, representantes de gremios empresariales y líderes religiosos.