Codehupy y Semillas para la Democracia lamentan fallo contra la liberta de prensa

La organización Semillas para la Democracia, la Codehupy y sus organizaciones integrantes advierten sobre el “grave atentado contra la libertad de expresión” que constituye el fallo judicial contra ABC Color.

Marta Ferrara, de Semillas para la DemocraciaGentileza
audima

“Es muy grave porque cercena la libertad de expresión y prensa y sobre todo cuando se trata de dinero público creo que es todavía más grave porque los ciudadanos tienen derecho a conocer esa información y la prensa seria tiene que hacer su trabajo que a veces la Justicia no es capaz de hacer. Es un retroceso muy grande que nos está pasando después de la caída de la dictadura”, expresó la directora ejecutiva de la organización Semillas para Democracia.

Dijo que el fallo del juez Wilfrido Peralta contra la directora de ABC Color Natalia Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano, trae rémoras de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).

“Nosotros vivimos en carne propia lo que fue la libertad de expresión. Para mí es un golpe duro para la democracia, que ya está muy golpeada. Hemos perdido mucha credibilidad de las instituciones y esto es una piedra muy grande en el sistema de justicia” expresó.

Es un retroceso en la democracia

Semillas para la Democracia agregó que el aberrante fallo del juez Peralta puede ir al ámbito internacional, pero dijo que es “más preocupante el retroceso que implica en términos de libertad de expresión”.

Ferrara indicó que la resolución judicial “trae recuerdos muy malos de la dictadura, de la persecución, los cierres de medios de comunicación, entre ellos ABC”.

Señaló que esta clase de atentado contra la libertad de expresión y prensa sucede también actualmente en Nicaragua. “Es un antecedente gravísimo para la libertad de expresión, para la democracia en Paraguay”, dijo.

Ferrara además expresó que es visible “la manipulación que hacen los medios de ciertos grupos para perseguir”. “Forma parte de un esquema perverso que utiliza la Justicia y ciertos medios de comunicación para la persecución de sectores políticos no afines a ciertos sectores de poder fácticos y económicos que justamente lo que buscan es distraer y apoderarse de ciertos estamentos de nuestra democracia”, manifestó.

Dante Leguizamón, es hijo de Santiago Leguizamón, valiente periodista asesinado por la mafia en 1991.

Codehupy califica de grave atentado contra la libertad

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y sus organizaciones integrantes advierten en un comunicado sobre el “grave atentado contra la libertad de expresión” que constituye el fallo judicial hacia el periodista Juan Carlos Lezcano y la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, “como consecuencia de investigaciones periodísticas que realizaron desde este medio de comunicación”.

Agrega que el trabajo informativo relataba presuntos hechos de corrupción de una funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones, lo que resulta un asunto sumamente relevante para la opinión pública, refiere.

Indica que con relación a la exposición de funcionarios públicos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado en el caso Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina, y en otros casos similares, que: “en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público.

Añade que “en el mismo sentido desde la Codehupy consideramos que un proceso y una condena penal como en este caso, no son justificables, pues busca restringir o desalentar las investigaciones sobre posibles situaciones de corrupción y por ende atenta directamente contra el ejercicio de la libertad de expresión, pilar fundamental de una sociedad democrática”.

“De persistir esta grave afectación a la libertad de expresión, la República de Paraguay se expone nuevamente a sanciones internacionales por violaciones de derechos humanos”, expresa el comunicado de la Codehupy.

El documento, que lleva la firma de Dante Leguizamón, refiere que atendiendo a lo expresado “instamos a las autoridades judiciales a aplicar los instrumentos internacionales, adecuar la legislación nacional en este sentido y a cesar con la persecución penal en este y otros casos similares”.

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