A las 08:30 de hoy se retomará el juicio planteado por la exviceministra cartista de Tributación Marta González Ayala contra Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, directora y periodista de ABC Color.
A lo largo de más de tres meses de juicio y en casi una veintena de audiencias, testigos y documentales ratificaron las críticas y observaciones que había realizado nuestro diario con respecto a la contratación directa de un organismo internacional para la actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu.
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Lo que enojó a la exministra Marta González
El 27 de marzo de 2019, luego de recibir documentos que hasta ese momento no habían sido revelados sobre el proceso de licitación para la actualización del sistema de gestión tributaria conocido como Marangatu, ABC Color realizó una serie de publicaciones acerca de cuestiones relacionadas al interés público.
Cuando Marta González Ayala era viceministra de Tributación, se adjudicó un contrato –para actualización del sistema tributario– por más de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), un organismo del que era directiva. No hubo competencia, sino contratación por vía directa y se argumentó que eran los únicos con la experiencia requerida, pero tercerizaron el contrato.
Alegando urgencia impostergable, en el año 2016 la SET contrató en forma directa y por vía de la excepción al CIAT, organización con base en Panamá, para actualizar el sistema de gestión tributaria Marangatu.
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Sin embargo, el CIAT terminó subcontratando a Ideati por no tener, según reconoció el propio secretario ejecutivo del organismo, el personal para realizar el trabajo informático.
Precisamente, empresas paraguayas de software habían solicitado en 2016 que la SET realizara la licitación en lotes: uno tecnológico y otro tributario. No obstante, el alegato para el rechazo fue que el CIAT era el único con la capacidad de ese doble componente para los trabajos necesarios.
CIAT reconoció subcontrato
Marcio Ferreira Verdi, secretario ejecutivo del CIAT, fue uno de los testigos convocados por los abogados de González. El representante del organismo internacional reconoció que la entidad subcontrató a Ideati SA, una empresa también panameña para realizar los trabajos de actualización del Sistema Marangatu.
“Si yo no usara de subcontrataciones, necesitaría tener 200 personas de planta”, dijo entonces Ferreira Verdi.
“Si usted me pregunta si subcontraté, sí subcontraté una empresa para transformar lo que construimos en lenguaje de máquinas”, señaló.
En otro momento, Ferreira Verdi dijo que el organismo internacional al que representa “no participa de licitaciones” y que “en el 98% de los casos” en los que firma contratos con los Estados que forman parte del CIAT son “contratos directos”.
Ferreira Verdi llegó a decir que en el caso Marangatu “fue una contratación directa, no hubo apertura de sobres”. Aunque luego dijo que no se acordaba de dicho acto administrativo.
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Ignoraron a DNCP y a la Abogacía del Tesoro
El 16 de octubre de 2013, poco después de haber asumido como titular de la SET, Marta González remitió al entonces ministro de Hacienda Germán Rojas, una nota para pedir autorización para “llevar adelante el proceso licitatorio por vía de la Excepción”.
En concreto, González hacía referencia al proceso de implementación de mejoras en el Sistema Tributario Marangatu y adelantaba que el costo sería de unos US$ 1.400.000 para un llamado plurianual.
Pablo Seitz Ortiz, titular de Contrataciones Públicas, advirtió entonces que no era la vía correcta.
“La convocante alega la experiencia y el conocimiento del proveedor requerido, sin embargo, dicha indicación no acredita el proceso vía excepción”, manifestó en un dictamen enviado por escrito al entonces ministro de Hacienda, Germán Rojas.
La nota fue ignorada y Tributación siguió la vía de la excepción para contratar al CIAT en diciembre de 2013 y nuevamente en 2016.
Estos criterios fueron repetidos y reforzados en su momento por la Abogacía del Tesoro. Esto también fue ignorado por la SET.
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Todo fue corroborado
Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), afirmó durante su comparecencia que la vía de la excepción se utilizó de forma indebida en el proceso de compra de la actualización del Sistema Marangatu.
Seitz señaló que todo lo publicado por ABC Color fue corroborado por la institución a su cargo.
“La nota periodística se refiere única y exclusivamente a elementos de hecho que pudieron ser todos constatados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, continuó.
“Cuando la nota habla de falta de competencia, efectivamente no existió otro competidor en el proceso licitatorio. Cuando la nota habla de contratación directa por vía de la excepción, así se denominó dentro de la institución licitante, por más de que el nombre adecuado es contratación por vía de la excepción”, puntualizó.
“Cuando se habla de que el CIAT participó de la elaboración de elementos del pliego de bases y condiciones; sí, el CIAT elevó recomendaciones para la reforma del sistema Marangatu que fueron también consideradas para la elaboración del pliego, no en un nivel de relevancia tal para la aplicación del artículo 40, según entendió la DNCP”, agregó.
“No existe ningún hecho que no haya podido ser constatado”, sentenció.
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Contraloría dice que se incumplió la ley
Incumplimientos de la ley de Contrataciones Públicas, una urgencia impostergable que no era tal y una figura que buscaba el lucro cuando se podían usar otras. Estos son algunos de los elementos detectados como irregularidades por parte de la CGR en la millonaria actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu 2.0.
Estos puntos fueron señalados por funcionarios de la Dirección de Control de Contrataciones de la Administración Central (DCAC) de la CGR ante el juez.
“Encontramos una serie de incumplimientos a la ley 2051 de Contrataciones Públicas”, dijo Eulogio Rivas, uno de los funcionarios, ante el juez Wilfrido Peralta.
Finalmente recordó que la Contraloría había establecido como sugerencia que la SET firme convenios de cooperación con el CIAT. “La diferencia con los contratos es que los convenios no buscan lucro alguno”, aseveró.
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Direccionamiento y dependencia
Documentos internos de la SET y funcionarios que acudieron como testigos también terminaron confirmando que la intención fue siempre contratar al CIAT.
El 25 de febrero de 2016, dos meses antes de que se publicara siquiera el proceso licitatorio, un documento remitido por el director de Tecnología de la SET, Luis Corvalán, a la directora de Apoyo de la institución, María Falcón, dejó en claro la intención de entregarle el contrato al organismo internacional.
Corvalán señala que se recibió una nota en la que el CIAT hablaba de la “participación íntegra en el desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu”.
Después se empieza a señalar la intención de que sea el CIAT el contratado. “Es importante resaltar que el CIAT es el Único Organismo internacional público que provee asistencia técnica especializada para la actualización y modernización de las administraciones tributarias”, manifestó Corvalán.
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Los documentos revelan además que se generó una dependencia tecnológica con respecto al CIAT.
El funcionario de la SET Roberto Castillo afirmó ante un Tribunal que el deseo en esa entidad fue siempre entregar el contrato para la actualización del Sistema Marangatu al CIAT.
El magistrado Wilfrido Peralta, presidente del Tribunal Unipersonal, deberá tomar una determinación en un proceso en el que se debate la presunta afectación al honor de una figura pública, la exviceministra de Tributación, con motivo de publicaciones relacionadas estrictamente a un proceso de compras públicas versus libertades fundamentales que hacen a la libre expresión, prensa e información, que constituyen derechos y medios que permiten al ciudadano la formación de una opinión libre y el conocimiento de temas de relevancia colectiva.