En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el abogado Rodrigo Yódice habló del final del juicio promovido por la exviceministra de Tributaciones Marta González contra la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, a quienes acusa de difamación por publicaciones hechas por el medio denunciando irregularidades en un proceso licitatorio llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Tributación cuando González formaba parte de la misma.
A las 08:30 de este jueves se reanudará el juicio, que entrará hoy en la etapa de alegatos finales, luego de más de tres meses de litigio y casi una veintena de audiencias en las que testigos y documentos ratificaron las críticas y observaciones que realizó este diario con respecto a la contratación directa de un organismo internacional para la actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu.
Lea más: Se define el juicio en el que se debate libertad de prensa o nefasto precedente
A juicio de Yódice, se ha probado durante el juicio que “el contenido de todas las publicaciones se adecua plenamente a la veracidad subjetiva, el periodista ha realizado todos los actos necesarios para someter a consideración de la opinión pública aspectos relacionados a un proceso de compra pública declarado irregular por la Contraloría General de la República, que no ha sido realizado de acuerdo a la Ley de Contrataciones Públicas”.
Agregó que “en ningún momento existe una sola línea en que el medio haya hecho juicio de valor, haya expresado una opinión con relación a hechos atribuibles a Marta González” que dé sustento a la acusación de difamación que plantea la exviceministra del gobierno de Horacio Cartes.
Lea más: CGR sostiene que la SET incumplió ley de Contrataciones en caso Marangatu
Antecedentes
El 27 de marzo de 2019, luego de recibir documentos que hasta ese momento no habían sido revelados sobre el proceso de licitación para la actualización del sistema de gestión tributaria conocido como Marangatu, ABC Color realizó una serie de publicaciones acerca de cuestiones relacionadas al interés público.
Cuando Marta González Ayala era viceministra de Tributación, se adjudicó un contrato –para actualización del sistema tributario– por más de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), un organismo del que era directiva. No hubo competencia, sino contratación por vía directa, y se argumentó que eran los únicos con la experiencia requerida, pero tercerizaron el contrato.
Alegando urgencia impostergable, en el año 2016 la SET contrató en forma directa y por vía de la excepción al CIAT, organización con base en Panamá, para actualizar el sistema de gestión tributaria Marangatu. Sin embargo, el CIAT terminó subcontratando a otra empresa, Ideati, por no tener, según reconoció el propio secretario ejecutivo del organismo, el personal para realizar el trabajo informático.
Lea más: SIP advierte “clima general de inseguridad” en Paraguay durante 2022
Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, afirmó durante su comparecencia en el marco del juicio, que la vía de la excepción se utilizó de forma indebida en el proceso de compra de la actualización del sistema Marangatu.
Además, señaló Yódice, la Contraloría General de la República concluyó que los argumentos de “urgencia impostergable” esgrimidos por el SET eran “insuficientes e infundados”.
Sensación de inseguridad
El abogado admitió que durante el juicio existió una “sensación de inseguridad” sobre la posible influencia de un “poder fáctico” que podría buscar tergiversar el desarrollo del proceso para perjudicar a los acusados.
Lea más: CIAT no respondió consultas varias sobre contrato en caso Marangatu
“Es un problema que desde un principio se ha evidenciado, se pretendía iniciar el juicio antes que existieran medios de prueba ofrecidos por la defensa, la actitud de un magistrado evidenciaba un parcialismo manifiesto que motivó su separación”, indicó Yódice.
Sin embargo, afirmó que “en líneas generales la posibilidad de una influencia se ha visto neutralizada con la fuerza del caudal probatorio”.
“El fallo debería ser en defensa del derecho de la ciudadanía de contar con información referente a temas de interés público”, dijo Yódice.