El diputado Arnaldo Samaniego (ANR, oficialista) proyectista del cuestionado iniciativa legislativa hace tiempo tiene la mirada puesta en los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), siendo el proyecto aprobado el pasado lunes el tercero que presentó en pocos meses con el mismo objetivo: permitir que autoridades de la previsional puedan disponer de recursos de los asegurados, pese a su cuestionable gestión al frente de la institución.
A la par del proyecto “que establece medidas alternativas para el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del Instituto de Previsión Social”, que en palabras más simples busca permitir que IPS adquiera préstamos a largo plazo para “bicicletear” su deuda de más de US$ 240 millones, también presentó otro proyecto menos cuestionado que busca obligar al Estado a honrar su deuda de hace más de 50 años con la previsional.
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Precisamente, el hecho de que haya dado celeridad justamente a la iniciativa más cuestionada es lo que más sospechas despierta, haciendo que con justa razón se pueda asumir que otro proyecto lo presentaron como una simple “cortina de humo” para tratar de aminorar las críticas contra su objetivo real.
Otra muestra del poco interés que hubo en uno de los proyectos es que copiaron y pegaron tal cual varios párrafos de la argumentación, agregando mínimas modificaciones.
Pago del Estado cubriría totalmente deuda de IPS
Al igual que empleados y empleadores, por ley el Estado está obligado a pagar un aporte de 1,5% del salario de cada trabajador para financiar el IPS, lo cual no cumple desde hace más de cinco décadas, acumulando una “deuda histórica” que en la actualidad se calcula en US$ 350 millones.
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En tal sentido, el otro proyecto que dejaron de lado en Diputados plantea establecer por ley que a partir del próximo año, el Estado estará obligado a cancelar sus deudas pendiente con IPS mediante “pagos anuales y consecutivos”.
El gobierno de Mario Abdo Benítez había planteado su supuesta intención de honrar estos compromisos, sin embargo hasta ahora no estableció una política o programa concreto para iniciar con los pagos.
De hecho, la deuda con IPS era mayor, pero durante la pandemia de Covid-19, el Gobierno había otorgado un aporte de US$ 100 millones que fue destinado al pago de compensaciones económicas a trabajadores con cese temporal por la pandemia y pagos por aislamiento obligado y reposos.
Finalmente, hay que recordar que el Gobierno también se respaldó en el sistema sanitario del IPS para afrontar el covid-19, obligando a que atienda a no asegurados. Esto se estima implicó un sobrecosto para la previsional por unos US$ 70 millones, que también podrían ser requeridos al gobierno, y no amenazar los fondos de los asegurados.
Intentan disponer de propiedades
En julio pasado, el diputado Arnaldo Samaniego (ANR, oficialista) ya había planteado un cuestionado proyecto de ley que pretendía habilitar a autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) a disponer del pasivo inmobiliario de la institución.
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IPS posee varios y valiosos inmuebles, que forman parte del pasivo del fondo de jubilaciones, que mediante un proyecto se pretendía habilitar para su venta, lo cual fue frenado tras protesta de diversos sectores. Esto obligó a Samaniego a retirar la iniciativa, pero meses después logro la media sanción en Cámara Baja de este otro proyecto cuestionado.