El presidente Mario Abdo Benítez promulgó ayer, martes, la ley denominada de incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay, luego de que el Congreso haya rechazado el veto a esta iniciativa.
El Ejecutivo había objetado totalmente la iniciativa, cuestionando que equipara a los vehículos híbridos -que también poseen motor a combustión- con los eléctricos y que va contra la equidad tributaria al establecer la creación de un fondo para el que destinarán un impuesto.
El entonces veto presidencial generó cuestionamientos de algunos gremios, como la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), que lamentó la decisión del Ejecutivo.
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No contempla privilegios
La diputada Kattya González (PEN), quien acompañó con el voto la ley, negó que los incentivos que plantea la normativa representen privilegios para las personas con mayor alcance económico, en detrimento de los menos pudientes.
Esto dijo, atendiendo los cuestionamientos que refieren que los “incentivos” de la ley para los que usen autos eléctricos solamente beneficiarán a los que puedan adquirir estos vehículos, cuyos precios -indican- son elevados actualmente.
También descartó que el objetivo de la ley sea beneficiar a los que comercializan los automóviles eléctricos en nuestro país.
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“Se da una alternativa. Dentro del marco de la libre competencia, porque estamos dando opciones. No soy fundamentalista ni talibán. Estamos dando opciones regulatorias al mercado para que no haya monopolio de un sector”, manifestó.
Fondo para la electromovilidad
En cuanto al cuestionamiento del Ejecutivo que indica que la creación de un fondo representa una inequidad tributaria, manifestó que la intención de dicha fondo es promover, a través del mismo, una política pública de la electromovilidad.
“El Plan Nacional de Transporte Eléctrico se está elaborando. Tiene que existir. Se tiene que crear un fondo. Si uno no tiene fondos, ¿cómo se va a promover una determinada política pública?”, manifestó.
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Agregó que el espíritu de la ley es “incentivar” la electromovilidad y no coaccionar a los que no puedan comprar los automóviles eléctricos. “Yo voté sobre la convicción que necesitamos a la electromovilidad”, dijo.
Además del Ejecutivo, cuestionaron el entonces proyecto de ley la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).