El demoledor informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) señala al expresidente Horacio Cartes como “jefe” de un esquema dedicado al contrabando de cigarrillos y lavado de dinero.
Los documentos revelan la forma en la que se estarían realizando simulaciones de ventas entre las empresas que pertenecen al grupo empresarial del exmandatario para justificar los millonarios movimientos de dinero.
Incongruencias en números según informe de CBI
El informe parlamentario señala que los datos del Informe de Inteligencia financiera revelaron que Tabacalera del Este SA (Tabesa), empresa cabecera del Grupo Cartes, vendió al mercado local 96.24% y solo exportó el 3.76% de su producción entre 2013 y 2021.
“Sin embargo, la cantidad de venta en el mercado local supera ampliamente la capacidad del consumo en el país”, señala el informe.
“Esta excesiva producción de cigarrillos termina saliendo como contrabando, situación que se refleja en las noticias habituales de incautaciones de cigarrillos de las marcas producidas por Tabesa y otras”, agrega.
Rutas de crimen organizado
El relato parlamentario señala que el modus operandi más frecuente del contrabando de cigarrillos es haciendo pasar la carga por el río Paraná en las fronteras fluviales con Brasil y Argentina. “También los contrabandistas de cigarrillos utilizan las rutas en la frontera seca con el Estado de Mato Grosso do Sul del Brasil, que limita con tres departamentos de Paraguay: Canindeyú, Amambay y Concepción”, agrega el documento.
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Además, señala que el contrabando de cigarrillos también se realiza a través del Chaco, en la frontera con Bolivia.
“El contrabando de cigarrillos utiliza en muchas ocasiones la misma ruta de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que transportan cocaína, marihuana y armas”, relata.
Protección militar al contrabando de cigarrillos
La CBI apunta que la principal ruta del contrabando de cigarrillos se realiza por agua en la zona fronteriza entre el departamento de Canindeyú y el Estado de Paraná, Brasil.
“Los contrabandistas instalan los puertos clandestinos en las orillas del río Paraná y en las narices de los destacamentos militares de la Armada Paraguaya que hacen la vista gorda. Algunos militares hacen de guardias en los puertos clandestinos de contrabando de cigarrillos”, apunta.
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Críticas a la Fiscalía por falta de investigación
La CBI cuestionó duramente el trabajo realizado por la Fiscalía para dar prosecución a los operativos de incautación de los cigarrillos de contrabando.
La CBI reprochó que las investigaciones abiertas tras los operativos de incautación de cigarrillos realizados por la UIC con participación de la Fiscalía no fueran ampliadas también al ámbito civil. Esto se debía realizar, señalaron, con base en el artículo 338 de la Ley 2422 del Código Aduanero, donde se describe la responsabilidad civil de las sociedades comerciales y no comerciales beneficiadas o financiadoras del contrabando. “Como en este caso fue Tabesa SA, sus accionistas y gerentes”, afirma.
“La Fiscalía no realizó un desprendimiento del caso para conocer otros delitos como evasión impositiva o llegar a los verdaderos dueños de las cargas de los cigarrillos”, agrega.
No hicieron allanamientos
Meses atrás, publicaciones de ABC habían revelado la negativa del Ministerio Público a realizar allanamientos a tabacaleras cuyos cigarrillos habían sido incautados, precisamente punto criticado.
El 18 de diciembre de 2018 se produjo en Salto del Guairá, departamento de Canindeyú y frontera con Brasil, un operativo anticontrabando como muy pocas veces se había visto en esa localidad considerada como uno de los puntos clave para el paso de mercaderías de contrabando al vecino país.
El operativo estuvo encabezado por la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC) y contó con el apoyo de 70 hombres de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), tres fiscales de la capital y funcionarios de la Fiscalía.
En la oportunidad, los intervinientes decomisaron 30 embarcaciones, 19 rodados y casi 5.000 cajas de cigarrillos, en su mayoría fabricados por Tabesa, firma del expresidente Cartes, de acuerdo a los informes brindados tras el procedimiento.
Emilio Fuster, titular de la UIC, remitió días después un oficio al Ministerio Público para solicitar una serie de diligencias. El documento tuvo mesa de entrada en la Fiscalía el 27 de diciembre de 2018.
Como primer punto, Fuster solicitó que la Fiscalía libre oficios a la Armada Nacional a fin de que se informe la identidad de las personas físicas o jurídicas a cuyo nombre estaban inscriptas las embarcaciones decomisadas.
Como segundo punto, solicitó el allanamiento de las tabacaleras cuyas marcas fueron incautadas en el procedimiento.
El pedido explicaba claramente que lo que se buscaba era “verificar e incautar las documentaciones que acrediten la comercialización de las mercaderías a terceras personas residentes en la ciudad de Salto del Guairá”.
En concreto, se buscaba la verificación de facturas contado o a crédito, recibos de pago, recibos de depósitos y libros obligatorios de comercio.
Según lo que señalaron voceros de la UIC meses atrás, lo que se buscaba era hacer el seguimiento del dinero y aclarar la forma en la que los productos terminaron en poder de los contrabandistas que utilizaban los puertos clandestinos para remitir las mercaderías al lado brasileño.
Además, se solicitó que el allanamiento pueda ser acompañado por funcionarios de la UIC, Tributación y el Ministerio de Industria y Comercio.
Sin embargo, el pedido nunca fue tenido en cuenta por la Fiscalía. Al menos no en cuanto al pedido de allanar las tabacaleras cuyas marcas habían sido incautadas.