Para Cartes, el informe de CBI es “posición política” y menciona acusaciones sin sustento

El abogado Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, señaló que su cliente rechaza el informe de la CBI de lavado de dinero porque considera que desprende una “posición política”. También alegó que está “plagado de errores” de interpretaciones y las acusaciones mencionadas no tienen “sustento fáctico”.

El expresidente Horacio Cartes durante un encuentro político.
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Horacio Cartes es “el jefe de una extensa red de tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero”, según la conclusión del informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero que fue presentado ayer, martes.

El abogado Pedro Ovelar, representante legal de HC, habló esta mañana en ABC Cardinal. Afirmó que rechazan la conclusión de la CBI debido a que no cuenta con sustento.

“No encontramos ningún elemento fáctico que pueda sustentar esa conclusión”, declaró.

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En ese sentido, el abogado cuestionó las fuentes de información, como organismos internacionales, en las que se basó el trabajo de la CBI. “Los informes de terceros de fuentes abiertas o periodísticos carecen de valor para llegar a una afirmación como la que hace la CBI”, comentó.

Es una posición política de la CBI contra Horacio Cartes

“Entendemos que es una posición política, no es jurídica. Está plagada de errores de interpretaciones y calificaciones”, refirió en otro momento Ovelar sobre el informe presentado por la Comisión Bicameral.

“Está plagado de errores interpretativos, de falacias y de afirmaciones que no tienen sustento fáctico”, agregó.

Comentó que un ejemplo de ello es que Cartes “no se convierte en lavador de dinero” solo por ser accionista de firmas que no tienen movimiento tributario. “Son errores conceptuales que son muy básicos e intolerables para una Comisión Bicameral”, insistió.

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Esto mencionó en relación a uno de los ”hallazgos” de la Comisión que se desprenden del informe y que menciona que “diez empresas del Grupo Cartes pagaron G. 0 (cero) al fisco durante el 2021″.

Acusaciones sobre Horacio Cartes.

Hotel Aloft

El informe de la CBI habla, igualmente, sobre la adquisición en el año 2016 por parte del grupo Cartes del Hotel Aloft (Hoteles Contemporáneos SA), por más de US$ 8.000.000, según datos abiertos. Sin embargo, el sitio está cerrado desde hace 32 meses y registra un solo empleado en el IPS, mientras que aportó al fisco solo G. 1.126.545 durante el año 2021, dice el documento.

Al respecto, Ovelar comentó que dicho hotel fue adquirido por el Grupo Cartes, pero que tuvo que ser cerrado en pandemia y hasta ahora no se volvió a abrir.

Acotó que dicha disposición responde a una cuestión comercial. “Es una cuestión comercial, ¿dónde está ahí el delito?”, sostuvo.

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Cuestionó, asimismo, a la CBI por mencionar en su informe acerca de dicho hotel, pues afirmó que “puede llamar la atención, pero no es lavado”.

Usaron informe no oficial de Seprelad

El abogado de Cartes también cuestionó a la CBI por sustentarse en un informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), ya que indicó que este nunca fue confirmado ni entregado como oficial por parte de esta institución antilavado a la Comisión Bicameral.

“A nadie se le puede atribuir pruebas obtenidas de manera ilícita”, añadió.

La Fiscalía no puede moverse sobre caprichos políticos

Cuando fue consultado si considera que la Fiscalía debe solicitar el informe para derivar en investigaciones, respondió que corresponde al menos un análisis de las acusaciones, aunque consideró que son temas ya conocidos.

No obstante, subrayó que “la Fiscalía no puede moverse sobre caprichos políticos”. En ese sentido, afirmó que el análisis eventual del Ministerio Público debe ser “técnico y jurídico”, no político.

“Deben tomar con seriedad y analizarlo profundamente; o si no, estaría inmiscuyéndose un poder del Estado en otro”, acotó.

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El informe de la CBI tendrá entrada durante la sesión ordinaria del jueves en la Cámara de Senadores para un eventual tratamiento. Los miembros de la Comisión pretenden que el Senado remita el documento a la Fiscalía.

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