La Cámara de Diputados se dedicó ayer casi exclusivamente a aprobar proyectos con un gran impacto en las arcas del Estado, siendo el único plan postergado el que proponía una ampliación de la estimación de ingresos a G. 1,6 billones para Petropar, hasta tanto no renuncie el presidente de esa institución, Denis Lichi (ANR, oficialista), precandidato a gobernador de Cordillera.
Entre los montos de mayor impacto aprobados figura una “indemnización” a exconscriptos víctimas del golpe contra Alfredo Stroessner en 1989, sobre el cual no existe siquiera un censo oficial. Únicamente establecieron que unos 900 beneficiarios tendrán derecho a cobrar cada uno cerca de G. 196 millones y que del censo se encargará la Procuraduría.
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Los colorados, que quisieron embanderarse con esta iniciativa siendo que el dictador fue su correligionario, quedaron al descubierto que lo hacían por los votos ya que rechazaron una modificación del acápite que pretendía dejar en claro que la indemnización era para los que pelearon otra la dictadura de Stroessner.
En connivencia con el Senado, Diputados se ratificaron en dar G. 20.355 millones más para alzar salarios de funcionarios del Congreso, rechazando el veto parcial del Ejecutivo, que ahora está obligado a promulgar este “autoaumento”.
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Otro proyecto cuestionable es el que concede G. 124.006 millones para “indemnizar” a exfuncionarios del Puerto de Asunción, que primeramente pretendía pagar con un préstamo.
Finalmente se aprobó el desembolso con fondos propios de la ANNP para la liquidación de unas 560 personas a los que el Estado dejó sin funciones durante el gobierno de Horacio Cartes, pero siguen cobrando aún.
Igualmente se otorgó unos G. 17.000 millones más para subsidio a adultos mayores, donde no se cuestiona el fin, sino la transparencia en la designación de los beneficiarios y que no se haga con fines electorales.