El pedido de intervención de la Municipalidad de Caapucú, se resolvió en la Junta Municipal mediante la minuta presentada por la concejal liberal Mabel Shupp, y fue secundado por los concejales Luis Carlos Agüero(PLRA) y Rubén Pedrozo (ANR).
En el considerando de la resolución, los ediles municipales proponentes sostienen que el intendente, desde los inicios de su gobierno se ha negado sistemáticamente a rendir cuentas a la Junta Municipal de Caapucú, como dispone la ley.
Además, es cuestionado por no presentar a la Junta Municipal la rendición del tercer cuatrimestre de 2021, la rendición anual de cuentas del ejercicio fiscal 2021 y la ejecución del primer y segundo cuatrimestre del 2022.
Preocupa falta de transferencia de royalties y Fonacide
Los ediles señalan que el ejecutivo comunal ha demostrado “una alevosa actitud de autoritarismo, ignorancia e irresponsabilidad”, porque en varias ocasiones públicamente habría señalado que “solamente rendirá cuentas al pueblo y no a los concejales, y el que quiera rendiciones, que pase a su despacho”.
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Los ediles manifestaron su preocupación porque el intendente no presenta en tiempo y forma las documentaciones exigidas por Contraloría General de la Republica(CGR),donde hasta la fecha sigue en “rojo”, ante la falta de rendición del uso de los recursos de royalties y Fonacide.
Señalan también, que el intendente Penayo no ha presentado los informes y documentaciones pertinentes al Ministerio de Hacienda, en la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM) y en la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP). Asimismo, tampoco informó a la Auditoria del Poder Ejecutivo, (AGPE), por lo que el municipio no está pudiendo recibir las transferencias de los recursos de royalties y Fonacide, que deja sin la posibilidades de poder concretar obras en este distrito.
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No se visualizan contrataciones en la DNCP
Entre otras de las anormalidades de la gestión del administrador municipal, señalan que estando en el último cuatrimestre del presente año, no se visualiza en el Sistema Integrado de las Contrataciones Públicas (SICP) de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la difusión del programa anual de contrataciones de la municipalidad y el proceso de licitación o adjudicación de obras o prestaciones de servicios.
Graves indicios de corrupción
Los concejales piden saber qué pasó de los G. 1.661.030.852 de los recursos de royalties que el intendente había recibido al asumir en noviembre del 2021. Según el corte administrativo y los actuales reportes de extractos bancarios de la cuenta corriente del Banco Nacional de Fomento(BNF), se observa el vaciamiento de dichos fondos sin ninguna obra visible en el distrito, y sin rendiciones de cuentas sobre los recursos utilizados.
Ante dicha situación, presumen que los recursos de Fonacide y recursos propios, así como las demás cuentas se encuentran en las mismas situaciones, ya que a la fecha se vienen incumpliendo con los pagos de las dietas a los concejales opositores y a varios funcionarios. Asimismo, las obras de reparaciones de escuelas, se encuentran inconclusas y sin movimientos, sin que se tenga acceso a los informes sobre los ingresos y gastos de los fondos públicos del municipio. Todo, por la negativa del jefe comunal.
Ante esta situación, los concejales presumen que existen graves indicios de corrupción, malversación de fondos y lesión de confianza por parte del Intendente. Entre otras de las irregularidades mencionan que en el portal de la Secretaria de la Función Pública (SFP) no se encuentra registrada la nómina de funcionarios, remuneraciones y cargos del personal nombrado, así como de los contratados de la Municipalidad de Caapucú.
Además, denuncian que el intendente viene reteniendo de manera ilegal el pago dietas a concejales, en algunos casos, con hasta siete meses de retrasos. La negativa sistemática para pagar las dietas a este grupo de concejales no tiene otro trasfondo más que “la mala ejecución presupuestaria y la intención o ánimo de chantaje, manipulación y sometimiento político, hacia los concejales que no le son partidarios, o que simplemente, no están de acuerdo con él, utilizando para ello, en forma indebida, abusiva y autoritaria, las prerrogativas que le da el cargo como ordenador de gastos”, expresaron los ediles.
Falta de transparencia
Los concejales resaltaron que ante la negativa del intendente Penayo de informar y transparentar, accionaron por la vía judicial para el acceso a la información pública, en virtud a la ley N° 5282/14, promoviendo un amparo Constitucional. En ese sentido, el Juzgado Penal de Ybycuí, a cargo del juez Guillermo Ortega, por Sentencia Definitiva N° 02 de fecha 07 de setiembre de 2022, resolvió hacer lugar al amparo promovido por un grupo de concejales. En consecuencia, ordenó al intendente proporcionar la información pública solicitada en el plazo de 72 horas.
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A su vez, el Tribunal de Apelación de Paraguarí, a través del Acuerdo y Sentencia N° 59 de fecha 22 de setiembre del presente año, ha confirmado la Sentencia dictada por el Juez Ortega. A la fecha, el intendente municipal no ha cumplido con la orden judicial, incurriendo en un abierto desacato, razones por las cuales, el expediente será derivado al Ministerio Público.
Contribuyentes no están pagando tributos
La falta de transparencia en el manejo del dinero público, provocó una tremenda crisis institucional , así como una crispación en toda la comunidad, al punto de que varios contribuyentes decidieron no pagar sus tributos, por manejo administrativo sin transparencia, provocando un gran perjuicio a las arcas.
Así mismo, la DNCP, en el marco de la investigación de oficio al proceso de adjudicación del Almuerzo Escolar por la vía de la excepción, por Resolución N° 3248/22, dispuso anular el procedimiento de contratación cuyo servicio fue adjudicado en G. 731 millones a la empresa direccionada Videl S.A.
A esta situación también se suma que la administración de la Municipalidad local realizó retenciones a los funcionarios y no depositó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal conceptos de Aporte Personal, patronal y préstamos, de octubre a diciembre de 2021. En lo que va del ejercicio fiscal 2022, la cifra asciende a G.106 millones.
Los que apoyaron la intervención
Los que votaron por la aprobación de la intervención son los colorados, Rubén Penayo y Cayo Ignacio Barboza y los liberales Mabel Shupp, Luis Carlos Agüero, Lucas Milán Giménez, José Villalba Benítez y Francisco David Rojas
Se abstuvieron de votar, los colorados Juan Benítez, Lidia Tellez, Hernán Olavarrieta y la concejal liberal Julia Armas. Estuvo ausente María Elisa Espínola(ANR).
Intendente sostiene que “es improcedente”
El intendente Gustavo Penayo (ANR), manifestó que el pedido de los concejales es improcedente. ”Esto estaba en el libreto dentro de sus estrategias políticas, pero ni siquiera estaba en el orden del día. Todo fue una sorpresa para los concejales. Voy analizar si voy a vetar o no, dijo el jefe municipal.
Agregó que nuevamente los ediles “atropellaron todo”. “Para hacer en forma ese pedido, no se acogieron a lo que dispone la carta orgánica municipal”, expresó Penayo.
““Hasta el momento no me pasaron aún esa resolución de la que ya estoy al tanto, pero si llega vamos a devolverla por improcedente, porque no hicieron como tiene que ser, según las normativas”.
Justifica falta de datos en la DNCP
Dijo que su administración ya tiene una fiscalización de cumplimiento por parte de la Contraloría, y se están presentando las documentaciones. Agregó que en la página de la DNCP no se visualizan los llamados porque la mayoría de los contratos se hicieron por contratación directa. “Estábamos también con emergencia vial, las adjudicaciones de las obras que no pasan los G.170 millones no pasan por la Junta Municipal”.
Por otro lado insistió en que “no es el procedimiento”, para solicitar la intervención, pero aún así “no tengo inconvenientes en que se intervenga, capaz así después me dejan trabajar sin muchas trabas”, dijo.
Luego, manifestó que analizará con sus asesores la situación. “Ya sabemos que es ilegal la forma en plantearon, a parte sus fundamentos que son pererï”, expresó. Agregó que esto es una “persecución política”.