El proyecto de ley objetado totalmente por el Ejecutivo plantea una “equiparación salarial” de secretarios de juzgados de Paz con el que cobran otros del fuero penal, civil, etcétera, lo que según estimaciones del Ejecutivo, implicará un millonario aumento presupuestario que va a contramano de la ley de responsabilidad fiscal.
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El veto también responde a la política del Poder Ejecutivo de rechazar en general todos los aumentos sin mayor contemplación, a fin de frenar la ola de pedidos que vienen desde el Congreso con el fin de congraciarse con el electorado del funcionariado público.
Puntualmente, en este caso, según las estimaciones del Ejecutivo, el beneficio alcanzará a unos 1.125 funcionarios del Poder Judicial.
El argumento de los diputados para la ratificación fue que estos actuarios son los que realmente realizan la labor principal, asistiendo en las labores fundamentales a los magistrados que finalmente son los que firman las resoluciones.
En el Senado, precisan de 23 votos para rechazar el veto.