El fiscal Juan Ledesma, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), investiga a los imputados por los supuestos hechos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y apropiación. El Ministerio Público solicitó arresto domiciliario para algunos procesados y para otros medidas alternativas.
En octubre de 2021, los concejales departamentales liberales Roque Ávalos, Adrián Vaesken, Laura Moreira, Derlis Larroza, Daniel Ferreira, Benita Jara y Dilio Ortiz denunciaron ante el Ministerio Público dudosas transferencias de dinero realizadas por la Gobernación de Central y la falta de documentos respaldatorios que avalen la buena ejecución de los recursos desembolsados durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) recibieron más de G. 50.000 millones, de los cuales ahora, según el Ministerio Público, el daño patrimonial, en principio, sería de más de G. 24.000 millones.
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El informe final de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en la causa, fue fundamental para la denuncia efectuada por los ediles del PLRA. En la misma constan innumerables irregularidades y se destaca que G. 18.300 millones desembolsados en 2019 por el ahora exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), no tienen respaldo en documentos.
Exgobernador y exfuncionarios imputados
El fiscal Juan Ledesma imputó ayer lunes a 50 personas por los presuntos hechos de lesión de confianza, asociación criminal, apropiación y producción de documentos no auténticos.
“Las evidencias colectadas sugieren que existan elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave, atendiendo a la importancia de los bienes jurídicos protegidos”, dijo Ledesma.
El agente agregó también que “en igual sentido, resulta necesario el sometimiento de los imputados al proceso, considerando además que existen indicios suficientes para sostener razonablemente sobre su presunta autoría o participación en los hechos por los cuales fueron imputados”.
Los imputados que guardan relación directa con la Gobernación de Central son: el ahora exgobernador Hugo Javier González Alegre (imputado también en otra causa y actualmente guarda arresto domiciliario), Carlos Alberto Giménez Insfrán, exdirector general de Administración y Finanzas (hasta el mes de junio de 2019); Javier Marcelo Rojas Giménez, exdirector general de Administración y Finanzas (desde el mes de junio de 2019 hasta abril de 2022).
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También Luis Allende Araújo, exjefe de Tesorería; Édgar José Zaracho Quintana, exdirector de Asesoría Jurídica; José Manuel López Duarte, exjefe del Departamento de Rendición de Cuentas; Natalia Soledad Valenzuela Gómez, secretaria de Equidad, Género y Desarrollo Humano.
Armando Adolfo Soler Espínola, secretario de Obras Públicas; Fernando José Brítez Sánchez, secretario de Desarrollo Sostenible; Víctor José Emilio Basualdo Ramírez, secretario de Desarrollo Económico y Cirilo Daniel Darmanas Flores, presidente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central (hasta el mes de junio de 2020).
Hugo Javier Cabrera Guerrero, presidente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central (desde el mes de junio de 2020); Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, y Mónica Liliana Benítez Cáceres, tesorero y contadora, respectivamente, del Consejo Regional de Salud del Departamento Central.
Presidentes de oenegés involucrados
La Fiscalía de Delitos Económicos también investiga a los miembros de dos fundaciones que recibieron millonarios fondos de la administración de Hugo Javier González Alegre, durante los años 2019 y 2020.
Ellos son, Esteban Álvarez Quevedo, de profesión psicólogo y Juan Vicente Caballero Villalba, presidente y tesorero, respectivamente, de la Asociación Plantemos Conciencia. Una investigación realizada por ABC pudo comprobar que la ONG ni siquiera existía en la dirección declarada en la ciudad de Asunción.
Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo y Paulino de los Santos Palacios Recalde, presidente y tesorero, respectivamente, de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP). Ambos ya fueron imputados en una primera causa, el pasado 1 de noviembre, también relacionada a la Gobernación de Central.
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Antonio Ramón Fariña Villalba e Israel Espínola Ferreira, presidente y tesorero, respectivamente, del Centro Nacional de Organizaciones Populares.
Blas Vicente Oddone Céspedes y Gloria María Barrios Martínez, presidente y tesorera, respectivamente, de la Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables.
Supuestos proveedores imputados
Héctor Manuel Aguilera Florentín, Juan Darío Cáceres Abbate, Luis María Galarza Ovelar, Rodrigo Manuel Correa Arroyo, Raúl Orlando Britos Santacruz, Carlos Víctor Cacique Rojas Orué, Andrés Manuel Cubilla, Guido Joaquim Borba Subeldía y Luis Cesar Argüello.
También Benita Yegros Vallejos, Gustavo Adrián Villamayor Hermosa, Virgilio Espínola Rosalez, Eliseo Palacios Morel, Melissa María Elena Núñez Honzi, Lorena María Vera Rojas, Diego Augusto Duarte López, Claudio David Servín Notario y Guido Diomedes Subeldía Junior.
Óscar Morel Oses, Juan Robert Jiménez Rolón, Hugo Wilberto Rojas Villagra, Virgilio Acosta Sandoval, Cristhian Florentín Pérez Ruiz, María Teresa Arroyo Ortiz, Lila Angélica Duarte Vda. de Céspedes, Ezequiel Bogado Barrios, Mercedes María Bogarín de Robles y Claudio Ceferino Robles Ibarra.
Allanamientos
Juan Ledesma y su comitiva allanaron entre noviembre y diciembre pasado, en dos ocasiones, la Gobernación de Central. Fueron colectados varios elementos claves que ahora desembocaron en la imputación de 50 personas.
También en enero de este año fue allanada la empresa denominada “KL Servicios Varios”, de Benita Yegros Vallejos, supuesta proveedora para la Gobernación de Central. La firma se dedica a la organización de eventos y habría facturado por más de G. 1.500 millones en el año 2019.
El otro lugar allanado se denomina “HVAC Ingeniería Técnica y Calidad”, propiedad de Gustavo Adrián Villamayor Hermosa, quien se dedica a la instalación, mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire. Supuestamente, la empresa también habría recibido fondos de la institución departamental, unos G. 1.700 millones en 2019, por la reparación de acondicionadores de aire.