El interventor Pablo Vera remitió el informe final a la Cámara de Diputados el pasado 12 de setiembre y desde esa fecha los parlamentarios dilatan el tratamiento. Una vez remitido el documento, los diputados -por mayoría absoluta- podrían destituir al gobernador si se confirma una “grave irregularidad en la ejecución del presupuesto”, según está establecido en el Art. 165, inciso 3, de la Constitución Nacional; sin embargo, este requerimiento no se cumplió, por lo tanto, el cartista Juan C. Vera (candidato a senador), al concluir la intervención a su gestión, puede volver al frente de la Gobernación de Guairá.
El informe del interventor demostró que Juan Carlos Vera transfirió millonarios montos a comisiones cuyos presidentes o tesoreros son funcionarios departamentales, en clara violación el Art. 60 de la Ley 1.626/00 de la Función Pública.
Por ejemplo, se comprobó que la Gobernación de Guairá transfirió a Carlos Augusto Ramos, presidente de la Comisión de Emergencia Departamental, G. 3.160.000.000, y a Aarón Mysgym Menzel, presidente de la Comisión de Fomento y Desarrollo San José, G. 2.400.000.0000. Ambos funcionarios departamentales posteriormente ejecutaron proyectos en que se entregó dinero a empresas ligadas también a funcionarios de la Gobernación.
Además, se detectó una importante sobrefacturación en la construcción de pozos artesianos por G. 2.734.000.000. También se confirmó la irregularidad en la construcción de la planta de oxígeno y el pabellón de contingencia, que costaron G. 3.000.000.000 pero que nunca estuvieron operativos porque las obras se ejecutaron sin la autorización del Ministerio de Salud.
En cuanto a la construcción de empedrados en distintos distritos del departamento por más de G. 4.347.000.000, se comprobó con la verificación y el análisis que las obras no cuentan con las especificaciones técnicas ni el computo métrico adecuado. También se descubrió un pago doble por la iluminación del estadio departamental Parque del Guairá, que costó G. 1.500.000.000, cuando debería ser la mitad del precio, es decir G. 750.000.000.
Firmas del gobernador
Otro ítem en que se detectaron irregularidades fue la adquisición de productos farmacéuticos y medicamentos por valor de G. 444.774.000 en plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
“Conforme a la evidencia revelada por las planillas adjuntadas, se puede verificar que la entrega de los medicamentos fue totalmente discrecional, temeraria y arbitraria, ya que fueron entregados sin el más mínimo control. Para mayor sorpresa, la mayoría de las recetas están firmadas por el propio gobernador Juan Carlos Vera”, reza parte del informe.
Primera denuncia fiscal
Se confirmó que la Junta Departamental presentó ante el Ministerio Público de Asunción una denuncia formal el 25 agosto del 2021, ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, recibida por la abogada María Félix Lombardo, quien es encargada de denuncias penales, pero esa denuncia nunca prosperó y el jefe departamental siguió dilapidando el dinero público.
Tras la insistencia de 11 ediles de los 14 que tiene la Junta Departamental, la fiscala Liliana Alcaraz junto con su colega Silvio Corbeta allanaron la sede departamental el 31 de marzo del 2022, pero sin avances significativos hasta hoy.
Debido al “encajonamiento” de la investigación, los concejales departamentales pidieron la intervención y tras varias dilaciones se pudo llevar adelante el 23 de junio pasado. Juan Carlos Vera fue apartado del cargo por 90 días, plazo ya cumplido, y como no fue imputado por el Ministerio Público ni tampoco hasta la fecha los diputados llamaron a una sesión extraordinaria para poder decidir si lo destituyen, no existe impedimento legal para que retome sus funciones este lunes.
Segunda denuncia
El interventor Pablo Vera presentó denuncia ante el Ministerio Público el 5 de setiembre y luego la amplió el 9 de setiembre. La denuncia es por lesión de confianza, hechos punibles contra la prueba documental, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos de contenido falso y administración en provecho propio. También por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e inducción a un subordinado a un hecho punible.