El proyecto de ley con media sanción del Senado “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflicto de intereses en la Función Pública”, también conocido como contra “puertas giratorias”, sufrió mínimas modificaciones en los artículos que establece el grupo familiar afectado por las restricciones establecidas en la legislación.
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El tratamiento del proyecto podría decirse que tomó por sorpresa al cartismo, ya que figuraba en el punto 18 del orden del día inicial de la sesión ordinaria de ayer, pero mediante una moción de preferencia de la diputada Kattya González (PEN), pasó al tercer punto del orden del día y fue tratado sin mayores incidentes.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) argumentó los dictámenes de aprobación con modificaciones de las comisiones de Economía y la de Presupuesto, y a la que posteriormente se sumó también la de Legislación, que consistieron en limitar el grupo familiar de un funcionario, que también estarán afectados por esta ley.
“Con el fin de que salga algo que funcione rápido y en el pensamiento de que lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno, planteamos achicar el grupo familiar a cónyuges e hijos mayores de edad. Esto no quita que si se llegaran a descubrir vínculos cercanos; testaferros, prestanombres, etc., las acciones estarán igual”, dijo Amarilla.
Puntualmente se modificaron los artículos 3, inciso G, manteniendo al “cónyuge, conviviente o concubino e hijos mayores de edad” entre los alcanzados por las limitaciones de este proyecto de ley y se testó la parte que refería a “los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluyendo a las personas sujetas a tutela o curatela”.
También se eliminó otra parte parecida en el artículo 20, inciso D, sobre la obligación de inhibición en atender temas referentes al Estado, en los que intervengan familiares hasta el “cuarto grado por consanguinidad y hasta el segundo de afinidad”.
“Se han debatido los pro y contra de agrandar con los parientes de segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, lo cual en la realidad es casi imposible de descubrir”, dijo Amarilla justificando el cambio y agregando que pretenden además que la ley no sea atacada de ilegal.
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En el caso de incluir a más gente “va a ser burocrático y es probable que terminemos con acciones de inconstitucionalidad como pasó cuando quisimos pedir declaraciones juradas de todos los accionistas de las sociedades (que licitaban con el Estado)”, apuntó finalmente Amarilla, la única oradora.
Además de impedir y sancionar casos de conflicto de intereses (ver infografía), se establece que al egresar de un alto cargo en la Función Pública, en el lapso de un año, ninguna personas podrá ser contratada por una empresa privada del mismo rubro, que son los casos de “puertas giratorias”.
Secreto bancario, en una semana
La Cámara de Diputados postergó ayer por una semana el tratamiento del proyecto de ley que plantea modificar la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay (BCP) para exceptuar al Congreso de las restricciones del secreto bancario, para impedir que respondan a pedidos de informes censurados y sin valor para comisiones de investigación.
“Estamos terminando el estudio en (la Comisión de) Legislación y tenemos todavía un poquitito de tiempo, entonces pido postergación para la próxima semana”, argumentó el diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA),
Según establece la iniciativa con media sanción del Senado, “El Banco Central del Paraguay (BCP), deberá responder los pedidos con toda la información requerida en documentación certificada por el presidente de la entidad, sin alterar el contenido del material”.
De promulgarse, se permitirá al Congreso que pueda requerir información clasificada al BCP mediante pedido de informes del pleno o de Comisiones Especiales información sin que sea tachada por la institución financiera reguladora del país.
Contrario a lo que quieren hacer creer algunos, la modificación plantada de la ley no elimina la obligación de preservar el secreto bancario, ya que establece que el BCP y los legisladores responsables de requerir información financiera sensible, están obligados a precautelar la no divulgación de estos datos.
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Modificaciones tras pedido de informes sobre Horacio Cartes
Esta propuesta de modificación surgió luego de que el Congreso haya solicitado informes sobre millonarios préstamos hechos por el expresidente Horacio Cartes, que no se encuentra registrado como prestamista ente el BCP.
La respuesta fue un manojo de hojas completamente tachadas y sin información útil o relevante sobre el caso. No fue la única vez, ya que ocurrió lo mismo con el caso de Darío Messer.
Hay que recordar que la Constitución Nacional establece en sus artículos las facultades del Congreso de requerir informes a diversas instituciones, así como también las exceptuadas. Entre estas últimas no se encuentra el BCP.