Sin mayor debate, la Cámara de Diputados mandó al archivo ayer un proyecto de ley que pretendía establecer como tope máximo para el área metropolitana un porcentaje fijo en base al jornal diario mínimo y que se transparente la estructura de costo por la cual se fija el precio del servicio, tanto convencional como diferencial.
El proyecto que había sido ratificado por el Senado planteaba que “en ningún caso el precio del pasaje del transporte público del área metropolitana podrá superar el 3% (tres por ciento) del jornal mínimo legal vigente para el servicio convencional y el 3,3% (tres coma tres por ciento) para el servicio diferencial”.
Esto quiere decir que según los montos actuales del salario, el pasaje convencional no debería de superar los G. 2.943, un poco mayor que el actual, que es de G. 2.300, pero subsidiado, y en el caso del pasaje diferencial, que actualmente es de G 3.400, en el caso de haberse sancionado y promulgado esta ley, no iba a poder superar los G. 3.236.
Otro punto relevante que planteaba la propuesta de ley era el de una intención de clarificar la estructura por la cual se establece el precio del pasaje, que pese a la vigencia del sistema de billetaje electrónico, no se basaría exclusivamente en los datos objetivos.
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Rechazaron hacer públicos datos del billetaje electrónico
Ante dicho punto, la propuesta rechazada planteaba que “para la fijación o modificación del precio del pasaje se deberá considerar en la tarifa técnica de manera exclusiva los datos suministrados por el sistema de billetaje electrónico, necesarios para realizar el análisis pertinente, además del costo de mantenimiento de los buses, combustibles, lubricantes, cubiertas y el salario mínimo legal vigente”.
Igualmente, se establecía una obligación de publicar los datos del sistema de billetaje electrónico para acceso ciudadano, pero precautelando el hecho de obviar los datos que puedan llevar a la identificación de los usuarios de los billetes electrónicos.
Durante su primer trámite en Diputados, el argumento de rechazo fue supuestamente no se podía establecer un tope al precio del pasaje, algo que supuestamente se contraponía al artículo de la misma ley. El sistema de transporte público en área metropolitana sigue recibiendo millonarios subsidios pese a la queja recurrente de los usuarios.