El informe final del interventor Pablo Vera detectó un daño patrimonial G. 18.691.440.830 en la gestión del gobernador cartista Juan Carlos Vera, quien busca ser ahora senador por el movimiento que lidera Horacio Cartes, “significativamente corrupto”, según EE.UU.
Se detectan transferencias a comisiones vecinales que no están debidamente justificadas por un monto total de G. 4.445.400.000; además, en concepto de refacción y ampliación del puesto de salud de Yataity se malversaron G. 136.242.330.
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Por otro lado, por mantenimiento de caminos en el distrito de Coronel Martínez se dilapidaron G. 1.049.994.500. También la transferencia a la Comisión de Emergencia Departamental por un monto total de G. 3.160.000.000 y la transferencia a Comisión San José de G. 2.400.000.000, cuyos presidentes son funcionarios de la Gobernación de Guairá, prohibido por ley.
Además se cuestiona la utilización de unos G. 3.000.000.000 para la construcción de la planta de oxígeno y hospital de contingencia, que no fue autorizado por el Ministerio de Salud.
También se pone en tela de juicio la construcción de empedrados en varios distritos de Guairá por un total de G. 4.347.000.000 que no cuenta con documentos respaldatorios y la adquisición de medicamentos por G. 444.774.000, que fueron entregados a discreción y sin documentación. La intervención culmina este viernes y si Vera no es destituido por los diputados, puede volver al frente de la Gobernación.
El informe final de la intervención ingresó el pasado 12 de setiembre a la Cámara de Diputados, pero sigue sin fecha de tratamiento. Es decir, los diputados siguen dilatando el estudio del daño patrimonial. Se necesitan 41 votos para la destitución del gobernador cartista.
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Denuncia sin fiscal
Juan Carlos Vera fue denunciado el 2 de setiembre por lesión de confianza, falsificación y uso de documentos públicos de contenido falso y otros hechos ante la Unidad Especializada en Anticorrupción de Asunción.
Además, el 6 de setiembre se amplió la denuncia por los hechos de administración en provecho propio, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e inducción a un subordinado a un hecho punible, que habría cometido al frente de la institución. Pero llamativamente hasta la fecha el Ministerio Público no designó un fiscal investigador, pese a que el interventor Pablo Vera solicitó una investigación urgente.