El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó diversas leyes aprobadas por el Congreso Nacional en las que se planteaban peligrosos aumentos presupuestarios de toda clase (ver el cuadro más abajo).
Entre los proyectos más polémicos, el Ejecutivo vetó la ley que planteaba aumentos salariales para funcionarios del Congreso por un total de G. 12.908 millones (US$ 1,8 millones).
Ocurrió lo mismo con el proyecto de ley que planteaba aumentos salariales para actuarios judiciales del Poder Judicial por más de G. 9.652 millones (US$ 1,3 millones).
El mandatario también vetó el aumento presupuestario para la Contraloría General de la República (CGR), ente que pidió más fondos para remuneraciones, bonificaciones y contrataciones por G. 11.101 millones (US$ 1,6 millones).
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El caso más relevante fue el veto a la restitución del “Rubro 800″, un método usado por los gobernadores de todo el país para evadir controles y repartir plata a las ONG. Con esto se impidió dilapidar otros G. 75.496 millones (US$ 10,8 millones).
La cifra más grande corresponde al anunciado veto a la ley que autorizaba a Itaipú a realizar multimillonarias indemnizaciones a supuestos “exobreros” de la represa.
La cuestionada lista traía nombres hasta de políticos de turno y era integrada por 16.000 personas, por lo que cifra podría escalar a US$ 940 millones. Esta ley ya fue enviada al Poder Ejecutivo, a la espera del veto anunciado.
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, recientemente, reiteró que el Poder Ejecutivo seguirá vetando todos los proyectos de ampliación presupuestaria que sean aprobados en el Congreso que están destinados a aumentar los servicios personales.
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En los vetos, el Ejecutivo acostumbra señalar que estos aumentos no fueron canalizados a través del Ministerio de Hacienda y que las propuestas carecen de sustentos técnicos que avalen la viabilidad de contar con ingresos que permitan designar los recursos para gastos rígidos, es decir salarios.
También explica que el Ministerio de Hacienda viene informando los resultados deficitarios de los recursos del Tesoro y que, a mediano plazo, no se proyectan perspectivas de crecimiento o márgenes adicionales que permitan el financiamiento para la ampliación presupuestaria.
Congelan ley antiaumentos
Actualmente, duerme en el Congreso el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca impedir aumentos salariales y otros durante periodos electorales.
La iniciativa fue presentada en el Senado el 26 de abril último. Es identificada como el Mensaje N° 637 o “Proyecto de ley de comportamiento gubernamental en materia administrativa y fiscal durante épocas electorales”.
El texto plantea que los proyectos de leyes que impliquen aumentos salariales o incrementos de remuneraciones complementarias serán suspendidos en su tramitación legislativa, por lo que su estudio y despacho quedarán diferidos “hasta tanto transcurra la época electoral respectiva”.
Agrega que también serán suspendidos proyectos que impliquen un incremento de gastos corrientes o de capital que carezcan de sustento técnico favorable en cuanto a la contrapartida de financiamiento.
Por “época electoral” se refiere al ejercicio fiscal anterior al año en el que deban llevarse a cabo las elecciones nacionales y el primer trimestre del ejercicio fiscal en el que efectivamente se realizan.