La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó la apertura de una investigación de oficio sobre cuatro llamados a licitación realizados por el Ministerio de la Defensa Pública (MDP), a cargo actualmente de la defensora general María Lorena Segovia Azucas. Esas convocatorias eran para el alquiler de un local para la sede de esa institución en Villa Hayes (Presidente Hayes).
Según la documentación publicada en el portal web de la DNCP, Nidia Lorena Cabrera Zaracho, pareja sentimental del diputado y aspirante al Senado por el cartismo, Basilio “Bachi” Núñez, aparece como la adjudicada por el MDP con tres contratos, por G. 8 millones, G. 8.500.000 y G. 5.500.000, totalizando G. 22 millones mensuales.
Lo llamativo es que la exsecretaria de una concesionaria de automóviles y de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) devenida a terrateniente, política y dirigente deportivo, consigue facturar ese monto mensual sobre una misma finca identificada con las cuentas corrientes 30-0065-11 y 30-0065-14, de acuerdo a los contratos firmados en diferentes periodos de tiempo, pero todos vigentes.
La investigación de la DNCP, precisamente, se abre a partir de las publicaciones realizadas por ABC, en las cuales se mostraba la firma de los tres contratos sobre la misma finca, según la Resolución DNCP Nº 3126/22 del 12 de setiembre último.
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“Que de la publicación periodística recibida a través del Módulo de Investigaciones Electrónicas como CASO Nº 324/22, se desprende que existen indicios de irregularidades en los procedimientos de contratación en cuestión.
Por lo que esta Dirección Nacional considera oportuno actuar en al ámbito de sus competencias, a fin de investigar según el artículo 82º de la Ley Nº 2051/03 – modificado por el Art. 1 de la Ley Nº 3439/07″, agrega en el análisis de la disposición.
Diputado Bachi Núñez, el dueño
Otra cuestión sorpresiva es que en los tres acuerdos refrendados por Cabrera Zaracho se cita que el Número de Identificación del Suministro (NIS) de la Ande sobre la propiedad con la cuenta corriente catastral 30-0065-11. Incluso, uno de los identificativos del medidor de energía eléctrica se repite en dos acuerdos.
Para mayor coincidencia, la propiedad con cuenta 30-0065-11 es declarada por Bachi Núñez como suya ante la Contraloría General de la República (CGR). Esto, cuando asumió su curul en la Cámara Baja en el año 2018, según los documentos.
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El legislador colorado evaluó primero dicho inmueble en G. 230 millones, para luego, a través de una rectificación realizada en los años 2019 y 2020, valorizarla en G. 700 millones.
Construcciones independientes
A través de un comunicado, el MDP reconoció que firmó tres contratos sobre una misma finca con la pareja de Bachi. Sin embargo, afirmó que los acuerdos eran por construcciones independientes, totalizando los G. 22 millones por una superficie arrendada de 575 metros cuadrados.
Lo llamativo es que esos datos no están consignados en los documentos publicados en el portal web de la DNCP.
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MP ni indaga sobre indicios de lavado
Mientras la DNCP ordenó una investigación de oficio sobre los llamativos contratos de alquiler suscritos a favor de Lorena Cabrera, el Ministerio Público (MP), a cargo de Sandra Quiñónez, ni indaga siquiera los hallazgos del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) en la intervenida cooperativa San Cristóbal. Las alertas del ente regulador hablan de operaciones dudosas del diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez.
Entre las transacciones realizadas por ese legislador hay operaciones de crédito a través de descuentos de cheques y a sola firma. Con relación a este último producto saltó que Núñez obtuvo en 2017 un préstamo de G. 1.000 millones que no abonó una sola cuota.
A pesar de no reunir los requisitos, refinanció esa deuda el 19 de noviembre de 2020. Sin embargo, otra vez no pagó una sola cuota hasta la fecha, según el informe.
Más llamativo aún es que comprobantes originales de Bachi por pagos de otro crédito, del año 2016, estaban archivados por el entonces presidente de San Cristóbal, su excolega y correligionario Juan Carlos Ozorio (ANR), imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal.