Frustran intento de reabrir la canilla a Gobernaciones “para seguir robando” a través de las ONG

La Cámara de Diputados no tuvo los votos necesarios para rechazar el veto del Ejecutivo al proyecto de ley que pretendía restituir la potestad a Gobernaciones para el uso de los rubros “800″, para entregar discrecionalmente fondos públicos a organizaciones no gubernamentales (ONG), un “esquema” que fue aprovechado en pandemia para presuntamente desviar fondos covid. De esta manera, no prosperó la intención de volver a abrir la canilla de dinero público en pleno año electoral.

El exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, HC) está procesado por presuntamente utilizar organizaciones no gubernamentales para evadir controles de transparencia en el uso de fondos durante la pandemia.
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Este miércoles en Cámara de Diputados, no hubo votos por lo que la modificación a ley que permitía entregar recursos a oenegés y otras instituciones similares pasó al archivo, tras el veto del Poder Ejecutivo.

Luego del presunto festín que se dieron varias gobernaciones con fondos covid-19, utilizando presuntamente oenegés para evadir controles sobre el uso de dinero público en plena pandemia, casos por los que por ejemplo está procesado el exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, HC) y fue intervenida la gestión de Juan Carlos Vera (ANR, HC), al frente de la Gobernación de Guairá, en el presupuesto 2022 se optó por cortar la posibilidad de utilizar este esquema, sin embargo, el Congreso intentó restituirlo.

Ambas Cámara habían sancionado una modificación de ley para restituir la posibilidad de entregar dinero a oenegés, comisiones vecinales, instituciones educativas y otras sin fines de lucro, sin embargo el Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de ley, y este mediodía, pese al respaldo de varios legisladores, no se reunieron los votos suficientes para rechazar el veto, por lo que quedó sin efecto y se remitió al archivo.

Este rubro 800 “es la canilla que abren los políticos para seguir robándole al pueblo”, advirtió por ejemplo la diputada Kattya González (PEN), argumentando su voto a favor de aceptar el veto. En el mismo sentido advirtieron legisladores como el diputado Édgar Acosta (PLRA), que dijo: “No puedo acompañar y rechazar el veto del Ejecutivo después de lo que vi en mi departamento (Central) con las transferencias”.

El mismo hizo alusión al caso del exgobernador Hugo Javier González (ANR, HC), procesado penalmente por el presunto desvío de fondos covid-19 por US$ 1 millón a través de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y otras, a las cuales entregó millonarios fondos para evadir controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El movimiento Honor Colorado, que más casos de gobernadores con sospechas de malos manejos de fondo covid-19 tiene en sus filas, respaldó la restitución de los fondos.

“Rechazar el veto, para acompañar a las gobernaciones”, dijo el líder de la bancada cartista, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), alegando que supuestamente el objetivo del cartismo es apoyar “la descentralización en transferencias de recursos y responsabilidades”.

Varios legisladores argumentaron que por las “faltas” de algunos, no se podía castigar a todos y que no se puede legislar con base en la presunción de que van a robar.

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