La gestión del cartista Juan Carlos Vera Báez fue intervenida por la presunta malversación de fondos destinados a la emergencia por COVID-19, consistentes en US$ 2 millones.
Pablo Vera Insaurralde presentó una denuncia formal el pasado 5 de setiembre por lesión de confianza, hechos punibles contra la prueba documental, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos de contenido falso ante la Fiscalía Anticorrupción de Asunción.
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Luego, el abogado Gustavo Battaglia, bajo poder otorgado por los interventores de la Gobernación del Guairá, presentó una ampliación de la denuncia por los hechos de administración en provecho propio, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e inducción a un subordinado a un hecho punible, el 6 de setiembre pasado, contra el candidato a senador cartista.
Llamativamente, la fiscala Sandra Quiñónez hasta la fecha no designó un fiscal investigador, informó Pablo Vera Insaurralde.
Tras la ampliación de la denuncia, el equipo interventor también urgió la designación de un agente fiscal para el inicio inmediato de las investigaciones.
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Informe llegó a la Cámara Baja
Paralelamente, esta mañana llegó el informe final de la auditoría en la Cámara de Diputados, que deberá tratar el tema en una sesión extraordinaria, informó el vicepresidente primero, Ángel Paniagua (ANR).
“Vamos a tocar, pero debe ser en una sesión extraordinaria para resolver en relación a la Gobernación de Guairá para poder analizar la resolución final. No sé cuándo ingresó, si ayer u hoy, pero ya está en Cámara de Diputados”, confirmó el diputado Paniagua.
La intervención a la Gobernación concluirá el próximo viernes 23 de setiembre y el cartista Juan Carlos Vera podría volver a su cargo si no existe una imputación y pedido de prisión por parte del Ministerio Público o una destitución llevada adelante por los diputados.