“Vemos con satisfacción este fallo porque creemos que pone justicia en una situación que veíamos con enorme preocupación”, señaló Jornet en conversación con ABC Color.
Jornet es director del diario La Voz de Argentina y también es presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa e Información de la SIP. En entrevista con nuestro diario, expresó preocupación por el avance del autoritarismo en la región, que viene de la mano con los ataques a periodistas y medios de comunicación que informan sobre cuestiones de interés público.
El representante de la SIP hizo referencia a la absolución de Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, directora y periodista de ABC Color, en uno de los juicios planteados por la exviceministra cartista de Tributación Marta González Ayala y esposo, Jacinto Santa María.
Jornet recordó que el acoso judicial padecido por nuestros compañeros había motivado incluso un comunicado de la SIP el pasado 1 de setiembre.
Precedente importante para la democracia
“Si bien quedan otras causas pendientes, creemos que este es un precedente importante que debería ser tomado en consideración para futuros fallos”, agregó Jornet en la entrevista.
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No se debe usar procesos penales, insiste
Jornet recordó que desde la SIP han planteado en varias oportunidades que eventuales demandas por cuestiones de privacidad “de ningún modo deben canalizarse a través del fuero penal”.
“Deben ser demandas civiles. Lo dice expresamente la declaración de principios sobre libertad de expresión que aprobó en el año 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en buena medida se basa en nuestra Declaración de Chapultepec de 1994″, apuntó.
En el punto 10 de la señalada declaración, refirió, se dice expresamente que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir las investigaciones y difusiones de interés público.
“La protección de la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en los que la persona ofendida, como este caso, sea un funcionario público o una persona pública o incluso un particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”, agregó.
Además, recordó que en estos casos debe probarse que el comunicador tuvo intención de infringir daño, tuvo pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la falsedad de las mismas.
“Es lo que se conoce como la doctrina de la real malicia”, aseveró.
Hay retrocesos
Jornet recordó que, en la década de los 90, hubo avances en la región con respecto a la despenalización de estos procesos. Sin embargo, señaló que en países como Paraguay, Perú sigue la penalización.
“Se reiteran demandas donde se mantiene la criminalización de eventuales demandas contra periodistas y directivos de medios. Preocupa que en otros países se han revertido los avances y eso coincide con el avance de los autoritarismos en varios países de la región”, puntualizó Jornet.
“Sobre todo son gobiernos donde se han denunciado hechos de corrupción. Son los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, donde hay un periodista preso después de haber denunciado hechos de corrupción”, dijo.
Mensaje a todos
“En casos así, no solo se está buscando dar mensaje a ese medio y a ese periodista sino al conjunto de la prensa independiente y profesional que busca continuar escrutando al poder político, de que eso no va a ser aceptado y que aquel que lo viole va a ser sometido a la justicia penal”, apunta.
Jornet señaló que despenalizar estas figuras no significa impunidad, porque los periodistas o medios que hayan incurrido en daños deben responder de forma civil no en materia penal. “Se está afectando no solo al periodista sino el derecho al público de informarse y ser informado”, apuntó.
“No hay que llevar a un periodista a la cárcel por el mero hecho de informar, sino que debe pagar en el fuero civil si cometió un error o un delito”, agregó.
“No es solo un medio”, dice director de La Voz
Jornet señaló que la acumulación de varias causas contra el diario ABC Color busca dar un mensaje no solo al medio y sus periodistas sino a la prensa en general. “El mensaje es dirigido a todo el periodismo crítico de todo el país”, indicó.
Citó como ejemplo el caso de la persecución del gobierno de Nicaragua contra toda la prensa crítica y disidencia política. “Hay varios periodistas, entre ellos el gerente general del diario La Prensa de Nicaragua que está encarcelado”, indicó.