En breves declaraciones a medios de comunicación este jueves, la ministra asesora en Seguridad de la Presidencia de la República, Cecilia Pérez, habló del proyecto de ley de vigilancia del espacio aéreo de Paraguay, que tiene sanción ficta del Congreso Nacional en la versión de la Cámara de Diputados, que permite la realización de disparos intimidatorios pero no el derribo de aeronaves sospechosas de actividades criminales como el narcotráfico.
La ministra Pérez señaló que el proyecto aún no fue remitido al Poder Ejecutivo para su estudio y aprobación o veto, pero que incluso con la versión de la Cámara Baja que contempla dos etapas -interceptación y disparos intimidatorios– dejando de lado la “etapa tres” del derribo, su implementación requeriría un “mayor presupuesto” al actualmente disponible para el Ministerio de Justicia y la Fuerza Aérea.
Lea más: Senadores corrieron del derribo de aviones
Implementar el proyecto, en caso de su aprobación, requeriría invertir “un presupuesto importante” en radares y aviones, además de un sistema de comunicación efectivo para que equipos en tierra puedan interceptar a las tripulaciones de los aviones sospechosos y sus cargas una vez que estos aterricen, explicó la ministra.
Sin embargo, no supo dar un número exacto para los fondos que serían necesarios para la aplicación de la ley proyectada.
Proyecto quedó con sanción ficta en su versión de Diputados
La sesión de ayer de la Cámara de Senadores quedó sin quorum cuando se estaba tratando el proyecto de ley de vigilancia del espacio aéreo, por lo que el proyecto quedó con sanción ficta en su versión de Diputados.
El proyecto de ley ha sido objeto de polémica por la posibilidad de permitir al Estado autorizar el derribo de aviones, lo que los detractores del proyecto consideran sería equivalente a autorizar ejecuciones sumarias de los tripulantes de las naves interceptadas e iría en contra de tratados internacionales firmados por Paraguay.
Representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay advirtieron en el pasado que el país norteamericano podría retirar su colaboración en materia de entrenamiento aéreo si se aprobaba el derribo de aviones.