Por resolución de Junta Municipal N° 80/2022, del 13 de junio pasado, se aprobó la intervención de la administración de la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, a cargo de Gustavo Rodríguez (cartista), por mal desempeño en sus funciones y graves delitos cometidos en el desempeño de su cargo y grave irregularidades en la ejecución del presupuesto y los bienes municipales.
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Los ediles comunicaron dicha determinación al ministro del Interior, Federico González, el pasado 4 de agosto y el Ministerio del Interior la remitió ayer mediante nota a la Cámara Baja. El documento debe ser puesto a consideración del pleno primeramente para la conformación de una comisión especial, a fin de dar seguimiento a la denuncia de los ediles en un plazo de 15 días.
Lo que dice la ley sobre las intervenciones a las municipalidades
La Ley N° 317 en su artículo 3 reza que los antecedentes deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados dentro del plazo de 6 (seis) días hábiles, la que constituirá una Comisión especial para la investigación de los hechos denunciados, debiendo expedirse dentro del plazo de quince días hábiles.
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Piden renuncia del intendente
En el distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, el ambiente es tenso, debido a las reiteradas denuncias de pésima gestión municipal. La ciudad proyecta una vergonzosa imagen de dejadez y los funcionarios municipales no cobran su salario.
Como el pedido de intervención se está dilatando, los ediles solicitaron mediante resolución el pasado lunes la renuncia del intendente Gustavo Rodríguez, quien fue reelegido y ahora busca una banca en Diputados de la mano del Movimiento Honor Colorado.
La ciudadanía sampedrana sospecha que el jefe comunal solo buscó su reelección para utilizar los recursos municipales con miras a su banca en la Cámara Baja.
Fiscalía cajonea denuncia
Recordemos que la Contraloría General de la República detectó un faltante de más de G. 2.000 millones en la administración municipal. Con base en ese documento se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, pero la investigación no avanza.
Ayer, durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, el diputado liberal Pastor Vera Bejarano incluso pidió a la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, celeridad para designar un fiscal investigador, pues a casi dos meses de la denuncia no se sabe quién tendrá a su cargo la denuncia.
“Hay cerca de 20 hechos punibles que se debe investigar y hasta ahora la fiscala Machuca no ha designado un fiscal investigador. Por favor, señora fiscala, atienda la denuncia porque en el caso se pueden tener hechos de violencia, pues la ciudadanía está ya cansada de los graves hechos de corrupción y la falta de pago de los funcionarios”, dijo el parlamentario.