José Domingo Adorno, gobernador de Alto Paraguay y aspirante a la Cámara de Diputados, es actualmente investigado por el fiscal Juan Manuel Ledesma, por presunta lesión de confianza a causa de la utilización de fondos de emergencia de la pandemia del COVID-19 por montos de aproximadamente US$ 2.000.000 y pagos y desembolsos por más de G. 2.000 millones a favor del Vicariato Apostólico del Chaco para obras que no se han realizado, según las denuncias.
Además, hay informes de la Contraloría General de la República que constatan irregularidades en el uso de fondos de emergencia por parte de la administración de Adorno, lo que llevó incluso a la Junta Departamental a solicitar la intervención de la Gobernación.
Ante estos hechos, Pablo Santa Cruz, representante de estudiantes universitarios nativos del Paraguay, presentó una nota acompañada de toda la documentación ante la Embajada de Estados Unidos, solicitando la intervención de la Justicia norteamericana debido a los pocos avances que tienen la investigaciones contra Adorno.
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Denuncian que Adorno, junto a toda su familia, supuestamente usan todo su poder para beneficios personales sometiendo a los pobladores a sus antojos. Además lo acusan de presuntamente cometer actos de corrupción, malversación del dinero público, y abusar de su autoridad, formando con sus cómplices una red crimen organizado, según expresan en la nota presentada en la embajada.
Aseguró que como jóvenes nativos del Paraguay, a través de la sociedad civil organizada, están haciendo llegar la denuncia a la Embajada de Estados Unidos de manera urgente, para que puedan tomar intervención y se pueda saber qué es lo que está pasando con los gobernantes en Alto Paraguay, ya que se habla de mucho dinero que se estaría presuntamente malversando.
Afirmó que cada día están más hundidos en extrema pobreza en las comunidades indígenas. Denunció que en pleno siglo XXI no tienen agua, hay lugares donde no hay luz, no tienen que comer, y su dinero, que debería ser enviado a esos sectores, se está robando y la justicia no hace nada por “amiguismo”.
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“Esto es una mafia organizada que necesitamos que tome acción la embajada de Estados Unidos y se pueda aclarar y los ciudadanos de bien podamos tener el apoyo de los gobernantes” aseveró en conversación con ABC.
Contó por otras parte que las reuniones que tuvieron con el gobernador terminaron en la nada. Agregó que recurren a la embajada, y a través de ella a la justicia de Estados Unidos, debido a que ya realizaron varias denuncias a las instituciones pertinentes en Paraguay.
Sin embargo, hasta ahora no obtienen respuestas, considerando además que los denunciados siguen impunes, libres y aún con más fuerzas para someter a los ciudadanos aprovechándose de la situación de extrema pobreza en la cual viven.