El senador Bacchetta, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pidió la postergación por una semana del estudio del proyecto de ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción del conflicto de intereses en la función pública, presentado por el Poder Ejecutivo. El pedido fue aprobado por amplia mayoría.
El proyecto del Ejecutivo es uno de las tres que existen sobre el mismo tema. Los otros dos fueron presentados por senadores y se refieren a la prohibición para que funcionarios públicos pasen inmediatamente a un cargo privado de la misma área en la que ejercieron.
En líneas generales, el proyecto del Ejecutivo establece directivas para el manejo de los funcionarios públicos y el procedimiento a seguir en caso de presentarse situaciones de conflicto de intereses con el Estado.
La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaría Anticorrupción, así como también la Contraloría General de la República, la Fiscalía y el Poder Judicial, cuando corresponda.
La normativa establece la lista de funcionarios públicos de alto rango que están obligados a presentar su declaración jurada de intereses que serán públicas con reserva de datos sensibles personales y familiares.
Entre las prohibiciones a los funcionarios públicos se encuentran prestar al mismo tiempo servicios a entidades privadas vinculadas a su función pública a excepción de la docencia.
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Asimismo, ser accionista o participar de alguna manera en una organización en un ámbito sobre el que el funcionario público tenga algún tipo de atribución o competencia.
También prohíbe a los funcionarios ser proveedores por sí o por terceros de bienes o servicios de cualquier organismo del Estado o municipalidad donde preste servicios. Dispone, asimismo, que cualquier ciudadano podrá solicitar el apartamiento de un funcionario de tomar una resolución con la cual podría incurrir en un conflicto de intereses con respecto a él.
La propuesta incluye la prohibición de la llamada “puerta giratoria” consistente en que un funcionario tras ejercer un cargo público pasa al sector privado con información privilegiada del Estado.