El pasado lunes 1 de agosto arrancó el juicio oral y público al exintendente de la ciudad de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza Ramos, liberal dionisista, (2010-2021) por supuesta lesión de confianza. El Tribunal de Sentencia que juzga al exjefe comunal está integrado por Claudia Criscioni (presidenta); Yoalanda Morel y Yolanda Portillo (miembros).
Pero el juicio se interrumpió tras la recusación de la fiscala a todo el Tribunal por “parcialidad manifiesta”, alegando que el colegiado practicó pruebas veinticinco días antes del inicio del juicio oral y público.
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“El tribunal citó a un testigo para que concurra con su abogado defensor 25 días antes del inicio del juicio oral y público y además se solicitó informes al banco sobre algunos cheques, y no corrió traslado a la Fiscalía, pero la recusación, increíblemente, fue rechazada por el Tribunal de Apelación de San Lorenzo”, expresó la fiscala.
La agente fiscal resaltó que perdió la confianza y duda de la imparcialidad del referido tribunal, pero adelantó que seguirá adelante para que no salgan con la prescripción del proceso, aunque aún no fue notificada sobre la continuidad del juicio oral y público.
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Alegó que el tribunal estaría maniobrando para favorecer el exjefe comunal, y aseguró que el colegiado responde al Partido Liberal. “Evidente que le están ayudando a Mendoza, él es liberal y las tres juezas son liberales y una de ellas es esposa del ministro de la corte, Manuel Ramírez Candia”, expresó.
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El Tribunal de Apelación Penal Primea Sala de la circunscripción judicial de Central, integrado por los magistrados María Lourdes Cardozo, Fabriciano Villalba y María Teresa González de Daniel, rechazó la recusación planteada por carecer de fundamento jurídico, según se alega.
También alega que las diligencias antes del juicio es potestad de la presidenta para preparar el inicio del juicio, sin embargo para el Ministerio Público existió preopinión.
Mendoza Ramos, es procesado por supuesta lesión de confianza, por el mal uso de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y se menciona un daño patrimonial de más de G. 715 millones, correspondiente al primer periodo (2010-2015).