El préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por US$ 200 millones es “para el financiamiento del programa de apoyo al fortalecimiento de la política fiscal y mejora del gasto público”, a cargo del Ministerio de Hacienda.
El otro, también de US$ 200 millones, es del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “para el financiamiento del programa de apoyo a la transformación del Estado”, también a cargo del Ministerio de Hacienda.
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Estos dos préstamos son básicamente, según comentaron fuentes, para “calzar” el Presupuesto General de la Nación del presente ejercicio.
En tanto, el tercer préstamo, de US$ 215 millones, es para el financiamiento del proyecto de mejoramiento y conservación de la Ruta Nacional PY12, tramo Cruce Nanawa-General Bruguez y accesos, que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Los tres expedientes fueron postergados por falta de dictamen.
<b>Gastos rígidos para salarios, lamentan</b>
Al inicio de la sesión el senador Amado Florentín (PLRA), ex titular de la comisión de control de fondos de emergencia, denunció que el gobierno de turno usaría esta deuda pública y la emisión de bonos soberanos para pagar salarios y gastos rígidos.
Citó puntualmente el caso del crédito del BID, que de los US$ 200 millones se destinarán US$ 100 millones en Salud Pública, de los cuales se usarían unos US$ 50 millones para calzar el presupuesto faltante en salarios. “Si fuera vacunas no me opondría”, señaló.
Indicó que la ley de Emergencia ya feneció el 31 de diciembre pero de todos modos en el presupuesto 2022 se tiene ejecutado G. 41.000 millones en salarios con fuente de endeudamiento.
Sostuvo que el gobierno debe usar la recaudaciones en impuestos para pagar el salario del personal de blanco en lugar de usar créditos internacionales.
Indicó que este tipo de políticas son las que llevan a un país al default y que por ello presentará un proyecto de ley para impedir este tipo de excepciones nuevamente.