La diputada Rocío Vallejo (PPQ), una de las más activas de las Comisión Especial conformada para analizar el pedido de intervención, destacó que pudieron corroborar al menos tres puntos graves que complican al gobernador Vera.
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“El señor gobernador entregó G. 6.000 millones a dos funcionarios de la Gobernación en el marco de la utilización de estos recursos”, afirmó Vallejo, refiriéndose a la entrega de fondos a ONG para evadir controles de transparencia.
Vallejo agregó que Vera además “pagó por una obra que ya se había realizado antes de la pandemia y por la cual ya se había pagado unos G. 750 millones”, refiriéndose a la lumínica del estadio “Parques del Guairá” del club Guaireña de primera división.
Existen facturas que comprueban este presunto pago irregular, en que la gobernación entregó G. 750 millones a la empresa Arrúa Service, siendo que las obras realmente fueron realizadas por la firma Insuain SA.
Bachi Núñez fue el único que intentó defender a Vera
El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) fue el único que intentó defender a Vera, afirmando: “Sé y estoy convencido que esta intervención es por motivos políticos, por tener la osadía de pasar al movimiento Honor Colorado”. Agregó que supuestamente las acusaciones responden a que “un colega (diputado) de su mismo departamento quiere su cargo”, refiriéndose sin citar al diputado Éver Noguera (ANR, oficialista).
La propia Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) intervino la sede de la gobernación ante la detección de presuntas facturas irregulares presentadas en las rendiciones de los gastos COVID.
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Se atribuye a Vera un “esquema” muy parecido al detectado en la Gobernación de Central durante la administración de Hugo Javier González (ANR, HC), quien se vio obligado a renunciar ante el proceso penal que enfrenta por el presunto desvío de los mismos fondos, aunque en su caso fueron de US$ 1 millón.