El “Pacto Cicatriz” daría impunidad a Gobernador denunciado en pandemia

Cartistas y oficialistas dilatan el tratamiento del pedido de intervención a la gobernación de Guairá, a cargo de Juan Carlos Vera (ANR, HC), denunciado por cometer posibles irregularidades con US$ 2 millones del fondos covid-19. Diputados oficialistas entran en contradicciones.

Foto Archivo: El Gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera, junto al Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el senador Rodolfo Friedmann y el diputado Ever Noguera en un acto antes de pasarse al cartismo.
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La semana pasada el pedido de intervención en contra de la administración del gobernador guaireño, Juan Carlos Vera, actual precandidato a senador por el movimiento Honor Colorado, tenía que haber sido incluido en el orden del día. Sin embargo, por una decisión unilateral de cartistas y oficialistas fue excluido, con la promesa de tratarlo mañana.

Hasta ayer el punto no era incluido en el orden del día, pese al acuerdo de los líderes colorados Basilio “Bachi” Núñez por el cartismo y Jazmín Narváez por el oficialismo. La posición de los colorados genera suspicacias y alerta sobre otro nuevo salvataje que se perpetraría.

En diciembre del año pasado, como broche de oro del periodo de sesiones, 22 cartistas y 20 oficialistas sellaron un pacto de impunidad para salvar al hoy destituido gobernador de Central, Hugo Javier (ANR, HC), pese a las irregularidades en su administración. El blindaje no le sirvió mucho tiempo ya que luego fue destituido por la Junta Departamental de Central e imputado por la Fiscalía.

Ahora con una “hoja de ruta” similar los oficialistas públicamente dicen que están a favor de prestar el acuerdo constitucional para permitir la intervención del Ejecutivo a la Gobernación de Guairá, pero rehúyen tratar el punto, pactan aplazar el tratamiento o se alían con el cartismo para dejar sin quórum la sesión ya que juntos cuentan con mayoría propia (42 diputados).

Un total de 13 causales

Concejales de la Junta Departamental de Guairá denunciaron que Vera es cabecilla de una asociación para delinquir con la creación de empresas de maletín. Según los concejales, entre algunas de las 13 causales de intervención a la Gobernación figura una “repartija” de G. 5.560 millones para ONG integradas por sus funcionarios Carlos Augusto Ramos y Aarom Mysgym Menzel.

Otra de las irregularidades se refiere al doble pago de G. 750 millones que se destinó a la lumínica del estadio “Parques del Guairá” de Villarrica, entre otras posibles anomalías que a criterio de los abdistas son insalvables.

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