Senado posterga análisis del veto a la polémica ley sobre proveedoras de combustible

El Senado postergó ayer para el jueves 9 de junio el estudio del veto parcial del Ejecutivo a la polémica ley que exceptúa a firmas extranjeras proveedoras de combustible de cumplir disposiciones de la ley de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Arnaldo Franco (ANR-oficialista), senador que pidió postergar una semana el veto del Ejecutivo a la "ley Petropar".Archivo, ABC Color
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La ley pretendía “facilitar” a Petropar la compra de combustibles a empresas extranjeras de la región, pero el Ejecutivo vetó porque pasa por alto a Contrataciones Públicas. El tratamiento figuraba en el punto 10 del orden del día de la sesión ordinaria de ayer del Senado.

El dictamen de la Comisión de Industria y Comercio recomendaba aceptar el veto y sancionar la parte no vetada. Inclusive, el senador Stephan Rasmussen comenzó a fundamentar ese dictamen, pero el senador Arnaldo Franco (ANR- oficialista) planteó una moción de orden de postergación, argumentando que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación no se habían pronunciado, por lo cual planteó que se suspenda y se vuelva a tratar la próxima semana. La propuesta fue aprobada por mayoría.

La ley aprobada en el Congreso exceptuaba a las firmas extranjeras dedicadas a la provisión de combustible del cumplimiento de la ley de contrataciones públicas y de la ley sobre declaraciones juradas, con el objetivo de “facilitar” a Petropar a compra directa de hidrocarburos a empresas de la región.

Luego de varias críticas, el Ejecutivo vetó parcialmente la ley, específicamente el párrafo que exceptuaba el cumplimiento de la ley de contrataciones públicas.

Inicialmente, el proyecto solo hablaba de exceptuar las declaraciones juradas, lo cual contaba con el apoyo de gremios de camioneros y gran parte de la población, debido a que, con la eliminación de intermediarios, eventualmente se podrían conseguir mejores precios para el combustible. Sin embargo, “por el camino” se incluyó la posibilidad de que se exonere a la petrolera estatal de la Ley 2.051/03, de Contrataciones Públicas, punto muy cuestionado por parlamentarios y por Pablo Seitz, titular de DNCP.

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