Pese a la cuestionada gestión de gobernadores y un pedido pendiente de intervención a la Gobernación de Guairá, a cargo de Juan Carlos Vera (ANR, HC), la Cámara de Diputados premia a gobernadores que son denunciados por sus Juntas Departamentales por mal utilizar los recursos que son transferidos a organizaciones sin fines de lucro.
La Ley 6873/2022 que aprueba el presupuesto general establecía que todos los rubros de aportes sean direccionados a construcciones de obras de uso público para que sean licitados. Desde el Senado plantearon
modificar la ley de presupuesto devolviendo esos rubros al rubro de transferencias a organizaciones no gubernamentales.
Asimismo, el proyecto de ley sancionado establece que solo podrán ser transferidos a una misma organización, hasta dos veces durante un mismo ejercicio fiscal, un monto máximo de cuarenta salarios mínimos (G. 87.713.560), a las asociaciones, fundaciones, instituciones, comisiones vecinales u otras personas jurídicas privadas sin fines de lucro o con fines de bien social, a través del Objeto del Gasto 874 “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin fines de Lucro”.
El diputado Tadeo Rojas (ANR, HC), presidente de la comisión de Presupuesto y precandidato a gobernador de Central por el cartismo mencionó a sus colegas que surgieron una serie de reclamos de parte de 16 colegios técnicos administrados por la gobernación de Central porque no pudieron recibir salarios los funcionarios docentes y administrativos debido a que en el PGN 2022 se habría aprobado que la totalidad del rubro de transferencia pase al objeto de gasto 521, que es inversión de capital.
La reprogramación aprobada alcanza G. 75.496.756.817, cifra cercana a los US$ 10 millones.
Cuestionamiento
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) fundamentó el dictamen de rechazo por unanimidad de la comisión de Cuentas, Control y Ejecución Presupuestaria porque se aumentan gastos corrientes en detrimento de los gastos en capital.
Amarilla recordó a sus colegas que en la Bicameral de Presupuesto se había decidido eliminar los aportes y destinar a obras de construcción para que pasen por licitación.
Mencionó que la ley pretende ignorar, cambiar la prohibición de la bicameral y volver a permitir que se utilicen los rubros hacia entidades privadas y públicas sin fines de lucro supuestamente para colegios departamentales. Indicó que con el proyecto de ley se habilita a todas las gobernaciones.
“La comisión de Presupuesto había pedido al Consejo de Gobernaciones que las gobernaciones aclaren cuántos colegios y funcionarios tienen. No han enviado la información. Se autorizan los famosos aportes a ONG que no sabemos quiénes son”, cuestionó la diputada Amarilla.