Solicitan tener mucho cuidado al legislar sobre la libertad de conciencia

El exsenador Miguel Abdón Saguier (PLRA) afirmó que se debe tener mucho cuidado cuando se va a legislar sobre una libertad esencial del ser humano como lo es la libertad de conciencia. “Hay que tener mucho cuidado y la interpretación que se hace de ese derecho tiene que ser amplia, no restrictiva”, indicó.

Miguel Abdón Saguier (PLRA), exsenador. Pide tener mucho cuidado a la hora de legislar sobre la libertad de conciencia.Archivo, ABC Color
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Para Saguier el proyecto de ley si no se impone a la letra por lo menos lo hace al espíritu ya que se trata de una cuestión de conciencia. Cuestionó que se tenga que pagar una especie de “contribución” y afirmó que ninguna ley tendrá efecto retroactivo a raíz de que se trata de una garantía constitucional.

Acerca de la “muerte civil del objetor” indicó que la libertad de conciencia es lo más importante y que no hay que olvidar que en el pasado por el atropello de la libertad innata del ser humano, la humanidad derramó tanta sangre por la intolerancia sobre todo la intolerancia religiosa en Europa que nosotros hemos heredado. “Tengo mis dudas de que el proyecto sea estricta y rigurosamente constitucional”, indicó.

Coarta libertades

El punto más cuestionado del proyecto de ley plantea que el Sistema de Intercambio de Información implementado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) dispondrá de un servicio de información en línea con conexión a internet o de otra red de datos conforme a las normas reglamentarias vigentes, sobre el cumplimiento por parte de varones que hayan cumplido 18 años de la constancia de cumplimiento de la objeción de conciencia, del pago de la contribución establecida en la ley o la certificación de insolvencia o constancia de exoneración del pago por insolvencia, para: trámites referentes a la obtención y renovación de pasaportes, accesos a becas emanadas del Estado Paraguayo y concursos para el acceso a la función pública.

El proyecto de ley pasará al Senado para su estudio y será girado a la comisión de Asuntos Constitucionales presidida por el cartista Martín Arévalo.

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