El caso se inició el 19 de agosto de 2023, cuando Édgar Ayala, en ese entonces de 27 años de edad, denunció haber sido secuestrado en Luque por un grupo de policías que actuaron de civil.
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Una cámara de seguridad grabó el procedimiento irregular. Las imágenes revelaron que los policías de civil sacaron una bolsa de unos 50 kilos del vehículo de Édgar Ayala. Ese bulto nunca fue denunciado y mucho menos recuperado. Se sospechaba que era cocaína y que la víctima cayó en una trampa de los policías, que se habrían hecho pasar por compradores.
Al día siguiente, el 20 de enero, fueron detenidos como responsables el oficial inspector Luis Miguel Colmán Pérez (36), oficial segundo Ramón David García Blanco (28), suboficial principal Carlos Antonio Aquino Morel (48), suboficial inspector Pedro Antonio Blanco González (35) y suboficial segundo Richard René Rojas Vera (27), quienes prestaban servicios en el departamento de Investigaciones de Asunción.
Un mes después, el 17 de octubre, cayó otro policía, el oficial ayudante Saturnino Rojas Salinas (29), del departamento Antinarcóticos de Lambaré.
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Los seis agentes fueron imputados por el fiscal de Antisecuestro, Federico Tadeo Delfino Ginés, por los hechos punibles de robo agravado, privación ilegítima de libertad y asociación criminal.
Con estos elementos, el juez de Luque, Nelson Ramón Romero Rodríguez, decretó la prisión preventiva de los policías, quienes pasaron a ser reclusos de la Agrupación Especializada.
Los policías, sin embargo, convencieron y llegaron a un acuerdo con la víctima, por lo que el mismo magistrado Nelson Romero ordenó la libertad de los agentes, que se materializó el 7 de diciembre de 2023. Es decir, estuvieron solo tres meses presos.
Fueron a dar solo una vuelta con los policías, según la víctima
El supuesto traficante Édgar Ayala, en una audiencia, defendió a los policías que le habían apretado y dijo que “no fue víctima de robo y extorsión, ni tampoco coacción”.
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El joven por el que se movilizó todo el aparato estatal, al final, salió con el cuento de que “entró en una especie de psicosis, confundiendo la situación de que al momento de que fuera retenido por agentes de la Policía Nacional, asoció con una situación de violencia familiar ocurrida ese día con su pareja”.
Increíblemente, Édgar Ayala declaró que “él mismo le había acompañado a los policías en un vehículo extraño al suyo a dar una vuelta, mientras los mismos solicitaban su antecedentes, y que una vez requerido lo mismo y para tranquilidad suya fue puesto en otro lugar físico en donde se encontraba su vehículo”.
Una condena simbólica por privación ilegítima de la libertad
El 10 de mayo de 2024, durante la audiencia preliminar, el fiscal Federico Delfino pidió la aceptación de la acusación, que se presentó ya solo por los hechos punibles de asociación criminal y privación de libertad. Fue excluida la figura de robo agravado que también había sido imputada inicialmente.
Los abogados de los policías, en tanto, solicitaron el sobreseimiento definitivo por el delito de asociación criminal y la aceptación del hecho de privación de libertad, con una condena de un año y medio de cárcel, pero sin ir a la cárcel.
Como el fiscal Delfino aceptó el trato y además dijo que no pudo conseguir pruebas suficientes durante su investigación, el juez Romero sobreseyó a los policías del delito de asociación criminal y los condenó efectivamente a la pena privativa de libertad de un año y seis meses, con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena por el plazo de dos años.
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Entre las reglas de conducta impuestas, figuraba que como reparación del daño social, los policías tienen la obligación de realizar donación, consistente en insumos para la Granja de Viñas, de la Penitenciaría Militar de Viñas Cue, por valor de 200.000 guaraníes en forma mensual, por el plazo de dos años.
Aunque fue una clara victoria judicial, los policías que le apretaron al supuesto traficante plantearon después un recurso de aclaratoria, aparentemente como para incluso evitar el irrisorio pago.
Sin embargo, ayer miércoles 22 de enero de 2024, el mismo juez Romero ratificó que “cada uno de los condenados, deben realizar la donación de insumos para la Granja de Viñas, de la Penitenciaría Militar de Viñas Cue, por valor de Gs. 200.000 en forma mensual, por el plazo de la suspensión de la condena”, según el documento emitido por el Poder Judicial.
Los seis policías condenados, que en teoría tendrían que ser dados de baja, ya están trabajando de nuevo normalmente desde hace mucho tiempo.
Uno de ellos, el suboficial segundo Richard René Rojas Vera, incluso, tenía otro proceso en Ciudad del Este también por una aparente extorsión a otro supuesto traficante, de cuando trabajaba en Investigaciones de Alto Paraná.
Además, era sospechoso de colaborar en un atentado perpetrado por sicarios brasileños, pero la propia cúpula de la Policía se encargó de encajonar esa pesquisa.