En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el comisario Wilfrido Maldonado, jefe de Investigación de Delitos de la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná, comentó sobre la investigación en curso a agentes policiales de esa dependencia que fueron denunciados por la diputada cartista Liz Acosta (ANR) luego de que estos verificaran su vehículo en la vía pública.
La diputada Acosta presentó en la Comisaría 4 de Ciudad del Este una denuncia de supuesta coacción contra cuatro agentes policiales de Investigación de Delitos de Alto Paraná que detuvieron su vehículo cuando circulaba en la capital esteña.
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Los agentes manifestaron que pararon el vehículo en que viajaba la diputada porque circulaba con una baliza –dispositivo de luces rotativas como el que usan los vehículos policiales– encendida, a pesar de que ese tipo de luces es de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y está prohibido para civiles, incluso para autoridades electas.
El comisario Maldonado dijo que los cuatro agentes denunciados por la legisladora colorada recibieron la orden de presentarse en Asunción para comparecer ante el titular de la Dirección General de la Policía y que están actualmente bajo investigación por parte de Asuntos Internos, aunque aún no se abrió un sumario.
Agregó que, mientras dure la investigación, los agentes serán separados de sus cargos y “no van a hacer tareas de campo”, sino que se limitarán a realizar “trabajos administrativos” en Investigación de Delitos en Alto Paraná.
“No existe ningún hecho ilícito”
El jefe policial comentó que, al momento de detener el vehículo de la diputada Acosta, los agentes estaban realizando tareas investigativas relacionadas a un reciente hecho de sicariato en la zona.
Agregó que el uso de balizas encendidas en vehículos civiles se ha observado por parte de “piratas del asfalto” en la zona, lo que habría influido en la decisión de los agentes de parar el rodado de la congresista, quien viajaba acompañada de un chofer y de su hermana.
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El comisario Maldonado opinó, con base en las declaraciones de sus agentes, que “no existe ningún hecho ilícito” por parte de los uniformados, quienes actuaron según “el manual de procedimiento” y calificó la situación como una “confusión”.