Según el Ministerio Público, los agentes, identificados como Alcides Villa Robles, Nelson Luis Chamorro y Jhony Ariel Giménez Amarilla, habrían simulado el hallazgo de droga en el vehículo de Rodney Bazán, quien fue interceptado en el barrio Bernardino Caballero de Pedro Juan Caballero.
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La supuesta evidencia incriminatoria, un paquete de aproximadamente 150 gramos de cocaína, habría sido introducida en la carrocería de la camioneta a través de una perforación hecha en la lona que cubre la carrocería del vehículo. Este supuesto montaje fue, de acuerdo a la Fiscalía, un intento de extorsión y criminalización injustificada hacia Bazán.
Durante la primera jornada del juicio, la fiscal Katia Estela Uemura, quien se encargó de investigar el hecho, detalló cómo los agentes planearon y ejecutaron el montaje. La representante del Ministerio Público sostuvo que el accionar de los agentes no solo representa un abuso de poder, sino que también revela un esquema de corrupción que afecta directamente la confianza en las instituciones de seguridad.
Por su parte, la defensa técnica de los acusados también expuso su versión, negando categóricamente las acusaciones y señalando que las pruebas ofrecidas no sustentan la acusación de la Fiscalía.
El Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces Marcelina Quintana de Acosta, Mario Francisco Peralta Ovelar y Ana Graciela Aguirre Núñez.
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La sala de audiencia estuvo repleta de familiares de la presunta víctima, quienes estuvieron atentos a los detalles de un caso que ha generado gran expectativa y reclamos de justicia en la ciudadanía.
Los representantes legales de la defensa insisten en que sus clientes actuaron de acuerdo con los protocolos policiales, aunque el Ministerio Público sostiene que existe evidencia sólida para demostrar la manipulación del procedimiento.
El juicio continuará el jueves, con la expectativa de avanzar en la presentación de pruebas y testimonios que podrían confirmar o desestimar la veracidad de la acusación.
La Fiscalía subrayó que este caso es emblemático de una problemática de abuso de poder y manipulación de pruebas dentro de las fuerzas de seguridad, un fenómeno que, de acuerdo con las autoridades, se busca erradicar para restablecer la confianza en la Policía Nacional.