En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, la fiscala Norma Salinas, quien investiga el supuesto despojo de más de 700 millones de guaraníes a dos familias de escasos recursos del departamento de Caaguazú, comentó sobre declaraciones hechas hoy por el abogado de uno de los sospechosos, quien afirmó que parte del dinero fue devuelto ayer a las víctimas.
El Ministerio Público investiga un supuesto hecho de apropiación, estafa y lesión de confianza en perjuicio de dos familias del distrito de Repatriación, departamento de Caaguazú, que debían recibir una indemnización de 400 millones de guaraníes cada una de parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), por la muerte de dos de sus integrantes por electrocución.
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Las gestiones para el cobro de esas indemnizaciones, por un total de 800 millones de guaraníes, fueron realizadas por un abogado de nombre Darío Flores y una funcionaria del Congreso Nacional, Anadelia Acosta, vecina de las familias.
Sin embargo, las familias solo recibieron 45 y 30 millones de guaraníes y los “gestores” se habrían apropiado de los 725 millones restantes.
En declaraciones a ABC Cardinal hoy, el abogado Marcial Ayala, representante legal de Acosta y Flores –quienes ayer fueron imputados por la Fiscalía- , dijo que sus defendidos acordaron con las víctimas la devolución de 600 millones de guaraníes -300 millones para cada familia– y que el dinero fue entregado ayer.
Más allá de la apropiación, hay otros hechos “graves”
La fiscala Salinas dijo que no fue formalmente notificada y se enteró a través de medios de comunicación de ese presunto “arreglo” entre los imputados y las víctimas, y que igualmente no tiene confirmación del monto supuestamente devuelto.
Señaló que, de corroborarse las declaraciones del abogado de los imputados, la Fiscalía y el juez de la causa deberán tener en cuenta ese acto. Sin embargo, enfatizó que las autoridades tienen la responsabilidad de “dar señales claras a la sociedad” con este caso.
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“Es muy fácil que hoy yo me apropie de dinero y mañana lo devuelva y se acaba todo”, dijo.
Señaló que más allá del supuesto hecho de apropiación existen “otros hechos punibles graves” en el contexto del caso que deben ser investigados, como la utilización de un poder especial “de contenido falso” para el cobro por parte de Darío Flores de los cheques de indemnización emitidos por el Banco Nacional de Fomento (BNF), que eran intransferibles a nombre de las víctimas y, por lo tanto, solo podían haber sido efectivizados por terceras personas con un poder especial firmado por los beneficiarios de los cheques y autenticado por escribanía que lo autorice.
Señaló también que ese poder especial del que hizo mención recién se elaboró siete días después de que el primer cheque por 400 millones de guaraníes fuera cobrado.
Grave falta de control
Señaló que el hecho denota una grave falta de controles de parte de la ANDE y el BNF, y que aún está por determinarse el grado de responsabilidad que puedan tener los funcionarios de ambas instituciones estatales.
“Hubo un descontrol total para la entrega y el pago de los cheques”, dijo.
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Además de Anadelia Acosta y Darío Flores, fueron imputados ayer como supuestos cómplices Ovidio Oviedo y Juan Ramon Acosta, pareja y padre de la primera, respectivamente; y está bajo investigación -aunque aún no imputado– el gerente de la sucursal del BNF en Repatriación donde se efectivizaron los cheques, Antonio Javier González.
La Fiscalía solicitó seis meses para investigar y pidió una prohibición de acercamiento de los imputados a las víctimas, teniendo en cuenta que sus residencias son colindantes.